Por desvío de recursos públicos y lavado por más de 3 mil millones de pesos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó otra denuncia contra Emilio Lozoya.
La acusación se hizo ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) y es la sexta contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien este fin de semana cumplió un año de haber llegado a México después de ser extraditado de España, sin que hasta el momento haya pisado un juzgado o la cárcel.
El organismo que encabeza Santiago Nieto Castillo informó que además de Lozoya Austin fueron denunciadas 11 personas físicas y 33 personas morales, por los probables delitos de corrupción política, desvío de recursos públicos y lavado durante la gestión del exfuncionario al frente de Pemex.
La unidad de inteligencia identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante el periodo de 2012 a 2016, por medio de contratos otorgados a 34 compañías relacionadas con la empresa brasileña Odebrecht, por cantidades millonarias de dinero que se integraron en tres niveles de operación “para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas”, señala.
El organismo dependiente de Hacienda también reveló que en el primer nivel de operaciones las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex, así como por organismos gubernamentales, de forma injustificada, se precisa.
Las compañías mencionadas tenían relación directa con Odebrecht a través de diversos vínculos corporativos, financieros y/o comerciales.
Una de ellas registró, de 2014 a 2016, transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal; sin embargo, dichos servicios no fueron realizados, por lo que el organismo dirigido por Nieto Castillo sospecha que posiblemente la empresa fue parte de la mecánica de las operaciones fraudulentas.
En un segundo grupo de la operación, las compañías recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transacccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación, para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada.
Estas empresas fantasma se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo procesos electorales, como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y la capital.
Al respecto, la UIF señaló que la Ciudad de México “pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos” a favor de Lozoya Austin.
La audiencia de desahogo de pruebas estaba programada para la semana pasada, pero el exdirector de Pemex solicitó a la Fiscalía General de la República una prórroga de 30 días para comparecer ante el juez de Control, ya que argumentó que aún no cuenta con información para su defensa sobre operaciones bancarias en Alemania y Suiza, las cuales están relacionadas con los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados.
La fiscalía le concedió el aplazamiento de la audiencia ante el juzgado con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, por lo que será reprogramada para agosto.
Como parte del criterio de oportunidad al que se acogió Lozoya Austin, continúa entregando pruebas a la FGR para que el beneficio no únicamente lo alcance a él, sino a su esposa, Marielle Helene Eckes; su hermana, Gilda Susana Lozoya, y su mamá Gilda Margarita Austin (sujeta a prisión preventiva domiciliaria), quienes supuestamente están involucradas en las triangulaciones financieras irregulares.
Lozoya fue detenido en España el 12 de febrero de 2020 y extraditado a México el 17 de julio siguiente, acusado de un presunto fraude por 280 millones de dólares en la compra de la planta Agro Nitrogenados y por haber recibido por lo menos 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
