Con el objetivo de echar atrás la reforma energética de 2013, Morena, PT, PES y el PVEM en el Senado lograron la aprobación en lo general y en lo particular de la Ley de Hidrocarburos.
El proyecto fue enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y posterior entrada en vigor.
Después de más de siete horas de discusión y luego de haber desestimado una por una las reservas de la oposición, el bloque morenista, conectado a través de computadoras y teléfonos, recibió con gritos, aplausos y chiflidos el conteo de votos que le dio una victoria más: 63 a favor, 45 en contra y cuatro abstenciones.
Al exhibir el poder de su mayoría numérica, los senadores recordaron que fue una promesa de campaña echar atrás la reforma que promovió Enrique Peña Nieto, apoyado por el PAN y el PVEM; y acusaron a sus colegas de haber recibido “carretonadas” de dinero para aprobar la que, en su momento, fue una de las leyes estrella del expresidente.
Del Verde, cinco de sus seis integrantes se ausentaron de la votación y el único que sí estuvo presente respaldó la iniciativa.
“Advertimos que la reforma energética, de la cual votamos en contra, se iba a modificar. Nadie debe verse sorprendido. Somos congruentes con lo que afirmamos”, dijo el coordinador morenista, Ricardo Monreal.
“Además, la reforma privatizadora del sector energético de esa época trae un pecado original, aceptémoslo, un vicio de origen: la prevaricación. Me pregunto y les pregunto, ¿es legítima una reforma cuya aprobación es producto del soborno, del cohecho y de la corrupción? Es decir, de la compra del voto de legisladores con dinero”, agregó.
La aprobación del nuevo paquete de reformas, entre otros, castiga el huachicoleo al retirar la autorización de venta de combustible a las gasolinerías que compren combustible contrabandeado y revoca permisos a quienes vendan litros incompletos de gasolina.
Además, faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para intervenir u ocupar instalaciones de centros en los que se almacene o se comercialicen combustibles, y asegura que puedan suspender los permisos expedidos cuando se prevé un peligro inminente.
También se plantea la obligación de los permisionarios de demostrar, previo al otorgamiento de permisos, que cuentan con la capacidad de almacenamiento mínimo de cinco días.
“Las reformas planteadas por el proyecto son idóneas y necesarias para desincentivar políticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, combatir la corrupción y garantizar el abasto, para que el país cuente con soberanía energética”, aseguró Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.
“Ante el riesgo de presentar una crisis por la falta de combustible, consideramos necesario obligar a los interesados, previo al otorgamiento de permisos, que demuestren que cuentan con capacidad de almacenamiento mínimo de cinco días. Con esa modificación lograremos el efectivo cumplimiento de inventarios”, detalló Rocío Abreu, de la Comisión de Energía.
Los legisladores de oposición, PAN-PRI-PRD-MC, reclamaron que el dictamen promueve prácticas monopólicas que benefician a Pemex, así como la incertidumbre y la retroactividad al retirar permisos a los empresarios que no demuestren la capacidad de almacenamiento.
Además, dijeron, tiene potencial de convertirse en expropiatoria, al otorgar facultades a Energía y a la CRE, para revocar permisos a los concesionarios, sin que haya una resolución firme de los procedimientos.
“En su conjunto, estas reformas desalentarán la inversión en el sector energético al promover las prácticas monopólicas; inhibirán la competencia y reducirán los espacios para las empresas privadas que deseen concurrir libremente en actividades que no están reservadas en exclusiva a la participación estatal”, argumentó Claudia Ruiz Massieu.
Por ejemplo, mencionaron que la reforma permite que las autoridades energéticas controlen las instalaciones de las empresas, cuyos permisos han sido suspendidos, ignorando la garantía de audiencia de sus titulares; el hecho de omitir la temporalidad de la suspensión generará arbitrariedad en la autoridad.
“La suspensión de permisos puede darse de forma discrecional debido a que no se definen los supuestos de peligro inminente para la seguridad nacional, la energética o para la economía, con las causales que puedan dar origen a dicha medida, lo cual debe corregirse en aras de brindar certeza y seguridad”, dijo Verónica Martínez, también del PRI.
“Consideren que existe un riesgo para la seguridad o la economía, porque da lugar a la discrecionalidad de instituciones que no se han caracterizado por su imparcialidad. Contar con más y mejor infraestructura de almacenamiento de gasolina y diesel es importante, pero no como lo plantea la adición al artículo 51, que está anteponiendo la existencia del almacenamiento.
“Levanta la casa y luego te doy el permiso de construcción”, agregó Xóchitl Gálvez (PAN).
