Fabiola Torres camina por una calle de terracería que conduce a la nueva zona escolar en construcción. Sostiene un plano de las obras en su mano y una minuta de acuerdos con firmas de funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Gobernación (Segob), y de la Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Torres encabeza un pequeño movimiento de pobladores de Xaltocan, en su mayoría mujeres, que exigen el cumplimiento de compromisos hechos por el gobierno federal en 2019 a cambio de ceder 128 hectáreas de tierras ejidales para la construcción del AIFA.
Según cuenta Fabiola, la Sedatu está obligada a construir un centro de salud, un centro cívico, una plaza central, un preescolar, una primaria y una secundaria en Xaltocan. El compromiso, afirma, obliga al gobierno federal a que por lo menos una de estas obras hubiese sido terminada antes de noviembre de 2021, pero hasta la fecha ninguna está en funcionamiento.
En una ficha técnica proporcionada para este trabajo, la Sedatu detalló que las obras registran avances entre el 80 y 90% y responsabilizó de los retrasos a “complicaciones e incumplimientos de las empresas asignadas”.
“Un día vimos una noticia donde decían que a los pueblos del Tren Maya les prometieron obras a cambio de terrenos. Hemos pensando en contactar a esas poblaciones para que sepan lo que le pasó a Xaltocan”, cuenta Fabiola con un dejo de frustración, mientras señala las tres escuelas de educación básica en obra gris.
En esta comunidad no hay pavimento, drenaje ni sistema de agua potable. Los antiguos centros educativos de preescolar, primaria y secundaria fueron demolidos para dotarlos de nuevas instalaciones, sin embargo su construcción acumula un retraso de 9 meses, según los plazos establecidos en el contrato de obra pública.
Hace poco la Sedena alebrestó los ánimos. La empresa militar que administra el AIFA escarbó e instaló tuberías del aeropuerto en terrenos que aún le pertenecen a los ejidatarios de Xaltocan. Fue la gota que derramó el vaso de la indignación social, y provocó el enfrentamiento del pasado viernes 27 de mayo.
En esta comunidad de raíz nahua, donde se rigen por usos y costumbres, les resulta una ironía el nuevo nombre del grupo empresarial militar “Olmeca, Maya, Mexica”, en referencia a tres civilizaciones prehispánicas mexicanas.
“El presidente habla mucho de los indígenas, y nosotros en nuestra ignorancia nos lo creímos, nos imaginamos nuestro pueblo transformado. En esta comunidad hemos dado mucho, ¿y a cambio qué?, nomás nos bardearon todo el pueblo, nos encerraron, y ni siquiera tenemos acceso al aeropuerto”, reclama Fabiola.
Adriana García, coordinadora de análisis económico de México Cómo Vamos, una organización civil fundada en 2014 que tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico sostenido, valora que colocar a una empresa militar a cargo de uno de los proyectos de infraestructura más importantes del gobierno de López Obrador es un poderoso candado contra la transparencia que no permite ver el uso del dinero público.
La opacidad del proyecto es notoria, afirma la economista, pero aún así pudo rastrear los montos de inversión de los aeropuertos y el Tren Maya, para determinar el valor de los activos de cada empresa y el valor total del grupo aeroportuario y ferroviario.
La especialista en finanzas públicas e indicadores macroeconómicos buscó datos en el presupuesto de la federación, en cuentas públicas de 2019 a 2021, en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda y en declaraciones oficiales de titulares del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Hacienda y Sedena.
Sin embargo, no todos los datos coincidieron, por lo que en algunos casos se tuvieron que calcular estimaciones promedio.
La suma de las inversiones y valuaciones de los 4 aeropuertos y el Tren Maya realizada por México Cómo Vamos para este reportaje resultó en más de 305 mil millones de pesos, desglosado de la siguiente manera: Tren Maya, valuado en 200 mil millones de pesos; AIFA, con un valor estimado en 104 mil millones de pesos; Aeropuerto de Tulum, con una inversión de 985 millones de pesos; Aeropuerto de Chetumal, valuado en 486 millones de pesos, y Aeropuerto de Palenque, con un valor en activos estimado en 24 millones de pesos.