Investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron que existen inconsistencias en la información que han hecho pública las instituciones de gobierno involucradas en el combate del robo de hidrocarburos en México.
Los académicos analizaron los reportes de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, principalmente.
Al comparar la información disponible sobre el robo de combustible encontraron que ésta es incoherente y contradictoria, lo que impide realizar un diagnóstico sobre la problemática “que significa una pérdida enorme de recursos públicos y una afectación a la infraestructura de una de las industrias estratégicas para el desarrollo de nuestro país”.
Destacaron en su análisis que se pueden identificar diferentes periodos del robo de combustible -primer periodo de 2000 a 2004, segundo, de 2005 a 2010, tercero, de 2011 a 2015 y cuarto de 2016 a 2018- en los que hubo un repunte de este delito de entre el 92 y el 153 por ciento y en cuyos años hubo diversas acciones del Estado para combatirlo, especialmente en materia legal.
Los estados donde hubo ese crecimiento exponencial de la extracción ilegal de combustible fueron: Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.
Indicaron que la reforma de 2011, que incorporó cuatro delitos en materia de robo de hidrocarburos al Código Penal, al Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, coincidió con el periodo en el que se intensificó el número de tomas clandestinas.
Pero advirtieron que después de 2018 han ocurrido los peores volúmenes de robo de combustible, por lo que el actual gobierno federal colocó el tema en el centro de su agenda.
“Sin embargo, la apuesta a favor de cambios legales para dotar al Estado de mejores herramientas para combatir el flagelo ha mostrado su ineficacia -o al menos insuficiencia-, ya que los años de mayores cambios normativos coincidieron justamente con los de una auténtica explosión en el número de tomas clandestinas”, explicaron.
Ello quiere decir, abundaron, que no es suficiente modificar el marco legal para asegurar la eficacia en la persecución de este delito y sancionar a los responsables como una fórmula indispensable para inhibir la comisión del robo de combustibles.
Lo mismo sucede en términos de la acción penal, pues el número de sentencias dictadas contra los responsables de este delito no coinciden con los estados donde hay una mayor prevalencia de este delito.
“Dado que el combate al huachicoleo es un fenómeno relativamente reciente no existe aún un cuerpo robusto de investigaciones que arroje luz sobre los determinantes de su evolución, salvo la presunción de que existe complicidad entre los servidores públicos de Pemex, quienes extraen el combustible y el crimen organizado”, recalcaron los especialistas en su investigación realizada durante los meses de enero a abril del 2021.
