Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la legalidad del acuerdo por el cual se militarizaron las tareas de seguridad pública en el país.
El proyecto fue elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien aún no lo ha hecho público.
Con esto, se resolverá la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados en contra del acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2020.
El acuerdo establece que diversas facultades de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública serán transferidas a soldados y marinos.
Pese a que el proyecto aún no es público, organizaciones como el colectivo Seguridad Sin Guerra reprocharon que el asunto sea discutido en Sala y no en el Pleno de la Corte.
Es para “agilizar trámites”, AMLO justifica que obras sean asunto de seguridad nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que el acuerdo para que las obras insignia de su administración sean un asunto de “seguridad nacional” es para agilizar trámites entre las dependencias con el objeto de concluir en tiempo y forma y que sus adversarios no puedan detenerlas vía el amparo.
Aseguró que no tiene que ver con la transparencia porque su gobierno está comprometido con la rendición de cuentas.
“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos.
“Que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias, eso fue el acuerdo”, explicó.