Anuar González Hemadi, juez que amparó a uno de los jóvenes señalados en el caso de Los Porkys de Costa de Oro y que fue destituido por supuestos actos de corrupción, mantiene su asunto vigente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde espera revocar la sentencia en su contra.
El juzgador es conocido porque concedió un amparo para dejar en libertad a Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los cuatro acusados de violar a la menor de edad Daphne, en Veracruz.
Inicialmente, el juez fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para investigar si fue sobornado para pronunciarse a favor de Diego Cruz o si tenía algún conflicto de intereses no declarado.
En febrero de 2019, el CJF emitió una resolución en la que, según informó, destituyó al juez por corrupción y por actuar en contra de constancias y cometer errores inexcusables.
Documentos a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso dan cuenta de que en el expediente que el juzgador mantiene abierto ante la Corte, el CJF argumentó para destituirlo errores en la presentación de la declaración patrimonial sobre la procedencia de 334 mil pesos, que resolvió un juicio en el que estaba impedido y descuido en el desempeño de todas sus funciones.
Sin embargo, en sus alegatos ante la Corte, el juez González Hemadi indicó que los depósitos en efectivo por 334 mil pesos se tratan de apoyos que él brindó a sus familiares, quienes le fueron pagando ese dinero y que en todo el expediente no existe un solo indicio de que ese recurso esté vinculado con alguna otra actividad no reportada al CJF.
El caso por el que el juez fue destituido fue el de Diego Cruz Alonso, quien estaba señalado por supuestamente participar en la agresión a la menor Daphne, junto con otros tres jóvenes.
La fiscalía veracruzana acusó a Diego Cruz de realizar tocamientos a los senos de Daphne y le imputó el delito de pederastia que, según el Código Penal de Veracruz, establece que a quien “sin llegar a la cópula o la introducción vaginal, anal u oral, abuse sexualmente de una menor de edad” recibirá de cinco a 10 años de prisión.
Una vez que el joven fue detenido y presentado ante un juez de la entidad, se le dictó auto de formal prisión, resolución contra la que Cruz pidió un amparo.
En su sentencia de amparo, emitida en 2017, el juez González Hemadi argumentó que el abuso sexual no estaba acreditado fehacientemente porque, pese a los tocamientos, no había elementos para considerar que Cruz lo hizo con lascivia, circunstancia requerida para la conducta.
Por esta razón, ordenó dejar sin efectos el auto de formal prisión contra Diego y, en consecuencia, ponerlo en libertad.
La resolución ocasionó diversas críticas al juzgador, razón por la que el CJF inició una investigación en su contra y ordenó suspenderlo temporalmente.
En ese momento, el consejo afirmó que sólo revisaría el actuar administrativo del juzgador, es decir, no el fondo de la resolución a favor de Diego Cruz, sólo que el expediente no tuviera desaparición de pruebas, firmas que no coincidían, entre otros.
Sin embargo, en su resolución, realizó un análisis de la sentencia favorable y afirmó que la lascividad alegada por el juzgador no formaba parte del delito de pederastia y que se estaba ante una cuestión que no era opinable ni debatible, sobre la necesidad de confirmar el auto de formal prisión al joven.
Por ello, el juzgador alegó ante la Corte que el CJF incurrió en diversas inconsistencias en la resolución que dictó para destituirlo, por lo que espera que los ministros se pronuncien al respecto.
En tanto, el amparo a favor del joven fue impugnado por el Ministerio Público Federal, que solicitó que fuera atraído por la Corte; sin embargo, en enero de 2018, la Primera Sala rechazó ejercer la facultad de atracción al considerar que la resolución del juez no revestía la trascendencia necesaria para pronunciarse.
En consecuencia, el 21 de junio de ese mismo año, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal de Veracruz revocó el amparo de Diego Cruz.
En agosto de 2019, el joven fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de pederastia y a pagar una multa de 70 pesos, pero al tratarse de una pena menor, su defensa solicitó la libertad bajo fianza.
Sin embargo, la fiscalía veracruzana apeló la decisión y al día siguiente del dictado de la sentencia el Consejo de la Judicatura de Veracruz suspendió al juez Rubén Romero por la multa y la pena mínima que impuso.
Cruz fue detenido en junio de 2016, por lo que en junio de este año se cumplieron los cinco años de la condena. Sin embargo, hasta ahora no se sabe si ya recuperó su libertad o sigue esperando a que se resuelvan las impugnaciones a su sentencia.
