El presidente Andrés Manuel López Obrador que aunque sea legal, no acatará la decisión de la SCJN que resolvió reservar por cinco años los contratos para la compra de vacunas contra el Covid-19 por cuestiones de seguridad nacional.
“Aunque sea legal y nos piden a nosotros información, no la vamos a negar, todo (publico) no tenemos nada que ocultar”.
En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reconoció que esto puede complicar la compra de los biológicos, pero insistió en transparentar los contratos.
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“Si puede complicar, aunque legalmente haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información son vacunas que se compraron con farmacéuticas y se entrega todo y además lo tenemos que hacer en nuestro informe a la Auditoria Superior de la Federación, sin problema. Es una decisión de la Corte, pero entregamos todo, que haya transparencia completa”.
El lunes pasado el pleno de la SCJN reservó por cinco años los contratos y comprobantes de pago del gobierno federal para la compra de vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Cansino contra Covid-19.
Al darle la razón al gobierno federal, y al revertir resoluciones del Inai, la Corte resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2.
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En el recurso de revisión RRSN 6/2021, promovido por la Consejería Jurídica de la Presidencia se resolvió que la divulgación de las condiciones esenciales de las compras de los biológicos de Pfizer, AstraZeneca y Cansino, puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país.
La Corte determinó que esa información debe ser clasificada como reservada por un periodo de cinco años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos (datos personales y secreto comercial) que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial.
La mayoría de ministros resolvieron también que los comprobantes de pago por la adquisición de vacunas deben ser clasificados como “información reservada” por un periodo de cinco años, porque su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional.
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