La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la llamada Ley Ingrid, que sanciona con penas de 100 a 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión a servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, videograben, reproduzcan y difundan evidencia relacionada con una víctima cuya investigación penal se esté llevando a cabo.
Dicha iniciativa, que plantea reformar el artículo 225 del Código Penal Federal fue turnada al Senado de la República para su discusión y aprobación. Además, esta reforma tiene como antecedente el feminicidio de Ingrid Escamilla, joven que fue desollada por su pareja y cuyas imágenes del crimen fueron filtradas y difundidas en los medios de comuncación.
El caso, que no ha podido concluir debido a deficiencias, ahora de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, sentó un precedente para legislar que se sancione a funcionarios públicos que capten y difundan material gráfico, audiovisual o de otra índole que revictimice a las víctimas de algún delito.
¿Qué le sucedió a Ingrid Escamilla?
El caso conmocionó a la opinión pública y se efectuaron fuertes protestas frente a los medios de comunicación que habían divulgado las imágenes.
Feminicida confiesa su crimen en video
Ingrid denunció violencia
En 2019 ella interpuso una denuncia por violencia ante la entonces Procuraduría capitalina. El trámite sólo quedó en el archivo, porque Ingrid no siguió con el proceso legal y decidió darle una segunda oportunidad a la relación de cinco años que tenía con su agresor.
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Feminicidio de Ingrid se estanca en los juzgados
A dos años y un mes del violento feminicidio aún faltan más de 20 pruebas por desahogar antes de que el agresor de Ingrid, Erick Francisco “N”, pueda ser sentenciado.
El caso judicial por su muerte no ha podido concluir debido a deficiencias, ahora, de la Defensoría Pública de la Ciudad de México.
Fuentes allegadas al caso indicaron que las últimas dos audiencias, en las que se está en proceso de desahogo de al menos 10 pruebas testimoniales y 10 periciales, aún no han podido realizarse porque la Defensoría Pública cambió al abogado que representa a Érick Francisco “N” y porque ni siquiera se presentó ante el juez.
El pasado 17 de febrero, en la continuación de la audiencia de juicio, la Defensoría de Oficio de la Ciudad de México envió un defensor para que lleve el caso de Érick Francisco “N”. Sin embargo, el abogado afirmó ante el juez que desconocía el expediente, iniciado en 2020, luego de la detención de Érick Francisco “N”, quien confesó haber matado a Ingrid Escamilla e intentar deshacerse de su cuerpo desollándola.
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En consecuencia, la audiencia fue diferida para el 25 de febrero pasado, pero el nuevo defensor de Érick Francisco “N” no se presentó y la defensoría no informó al juez la causa de tal inasistencia.
Por ello, el juzgador volvió a citar para el próximo 11 de marzo a las 15:30 horas, no sin antes multar a la Defensoría Pública y ordenar notificar al superior jerárquico del abogado de oficio para que ese día acuda y esté bien enterado de lo que hay en el expediente.
Las audiencias en el caso de Ingrid Escamilla se han retrasado tanto por el cierre de juzgados debido a la pandemia de Covid-19 y cambios en la defensa del imputado, como por negligencias por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al no descubrir a la defensa la totalidad de las pruebas que pretendía ofrecer.
En total, la fiscalía ofreció 52 pruebas, mientras que Érick Francisco “N” no presentó ninguna.
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