Integrantes del gobierno estadounidense respondieron, el 20 de enero, al congresista Earl L. “Buddy” Carter una carta del 3 de noviembre pasado, en la que se mostraba la preocupación por "la iniciativa del gobierno mexicano de limitar la participación de la industria privada en su sector energético".
Gina Raimondo, secretaria de Comercio; Katherine Tai, representante de Comercio de EU y Jennifer M. Granholm, secretaria de Energía, firmaron la misiva y dijeron que "el comercio y la inversión en energía entre Estados Unidos y México son cruciales para garantizar la seguridad energética y la prosperidad económica de Estados Unidos y América del Norte".
Remarcaron que "entendemos y compartimos sus preocupaciones sobre las reformas constitucionales que propone México y las acciones recientes que afectaron a las compañías de EU y a los inversionistas en el sector energético".
Indicaron que sus "agencias están comprometidas en asegurar un trato justo para los exportadores e inversores estadounidenses".
También mencionaron que la "Oficina del Representante Comercial sigue revisando detalladamente estas medidas y sus implicaciones para el compromiso de México bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC)".
En la respuesta se menciona la visita de Granholm a México; en el texto se indica que la secretaria iba a reunirse con funcionarios mexicanos e iba a "plantear las preocupaciones de EU directamente sobre las reformas constitucionales propuestas.
"Verdaderas preocupaciones"
De acuerdo con comunicados emitidos el viernes, el gobierno de Estados Unidos tiene “verdaderas preocupaciones por el posible impacto negativo” en las empresas e inversiones estadounidenses.
“En cada reunión transmitimos expresamente las verdaderas preocupaciones del gobierno de Biden-Harris sobre el posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadounidense en México”, de acuerdo con un comunicado de la secretaria de Energía de Estados Unidos.
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“La reforma propuesta también podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos entre Estados Unidos y México relacionados con las energías limpias y el clima”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que recibió una lista de las empresas estadounidenses y canadienses que han manifestado su inconformidad, y señaló que “si consideran que hay una injusticia, se revisan los casos”.
Granholm manifestó que “se me garantizó que México está comprometido a apoyar las energías limpias y a resolver las actuales disputas con los proyectos energéticos dentro del marco de la ley”.
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El año pasado, López Obrador propuso una reforma constitucional para restringir las ventas de electricidad de las empresas generadoras privadas y favorecer a la compañía estatal mexicana.
El proyecto de ley que López Obrador presentó en octubre cancelaría los contratos mediante los cuales 34 plantas privadas venden electricidad a la red nacional. La iniciativa también declararía “ilegales” a 239 otras plantas privadas que venden energía directamente a clientes corporativos en México. Casi todas esas plantas operan con fuentes de energía renovables o con gas natural.
La medida también cancelaría muchos contratos a largo plazo de abastecimiento de electricidad y programas de compras preferenciales de energía limpia, lo que a menudo afecta a empresas extranjeras.
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El plan coloca a las plantas termoeléctricas que utilizan gas natural casi al final de la fila —apenas delante de las plantas estatales que utilizan carbón— en cuanto al derecho a vender electricidad a la red, a pesar de que la producen 24% más barata. Las termoeléctricas estatales que queman combustóleo tendrían preferencia sobre las plantas eólicas y solares.
El plan garantiza a la compañía eléctrica estatal una participación de mercado de al menos 54%, aun cuando el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá prohíbe que se favorezca a las empresas locales o gubernamentales.
Con información de AP.
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