Por quinta ocasión, la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga intentará convencer a un juez federal de llevar su proceso en libertad por el caso de la llamada "Estafa Maestra".

Después de las 15:00 horas, el juez de Control del Reclusorio Sur Ganther Alejandro Villar Ceballos inició la audiencia para revisar de nueva cuenta la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso a Robles Berlanga en agosto de 2019, por parte del juez de Control, José de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la morenista Dolores Padierna Luna.

En octubre pasado,  el juez de Control Ganther Alejandro Villar Ceballos ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la ex Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Con ello, se determinó que Rosario Robles debe continuar en prisión preventiva porque prevalece un elevado riesgo de fuga.

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Después de escuchar los argumentos de la defensa legal, el Juez respondió que el resguardo domiciliario, una alternativa ofrecida por la defensa en algún momento del proceso, le facilitaría los medios para abandonar el territorio.

La ex funcionaria fue trasladada del Penal de Santa Martha al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, para la audiencia presidida por el juez de Control  Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien apenas en octubre de este año le negó la prisión domiciliaria por "alto riesgo de fuga".

En noviembre pasado, Robles Berlanga interpuso un nuevo juicio de amparo contra la decisión del juez Villar Ceballos de mantenerla en prisión.

Ante ello, el juez Tercero de Distrito de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda dejó sin efecto la prisión preventiva justificada contra la exsecretaria de Desarrollo Social y ordenó para este 30 de diciembre una nueva audiencia en donde se podría modificar la medida cautelar.

El abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, informó el martes pasado que el juez  Mejía Ojeda determinó que el  amparo que concedió en octubre a Rosario Robles no fue debidamente cumplido por el juez Villar Ceballos para  “amparar y proteger” a la imputada contra la  prisión preventiva. 

Por ello, ordenó dejar sin efecto las sentencias mediante las cuales el Juez de Control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, ha confirmado la prisión preventiva justificada.

Mediante el juicio de amparo 678/2020-III, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda resolvió que su colega Alejandro Villar, con sede en el Reclusorio Sur,  “omitió aclarar la contradicción” observada por el Noveno Tribunal Colegiado en el sentido de que el lugar de residencia de Rosario Robles, así como el motivo de su viaje al extranjero y su situación económica no son argumentos válidos para mantener la medida cautelar impuesta. 

“En este sentido—agrega el juez de Amparo—al no haber emitido su resolución de manera fundada y motivada, como se ordenó en el falló protector; en consecuencia, debe decirse que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida”. 

Por tanto, con fundamento en los artículos 192 al 197 de la Ley de Amparo, el juez Mejía Ojeda requirió al juez de control para que “en el término de tres días siguientes a la notificación de su determinación (misma que ocurrió el pasado 27 de diciembre), “deje insubsistentes” las audiencias del pasado 30 de abril del 2020 y la del pasado 20 de octubre en las cuales resolvió mantener la prisión preventiva justificada.

El juez Tercero de Amparo también ordenó se “emita una nueva determinación sobre la medida de prisión preventiva justificada, o de ser procedente, resolver sobre una o diversas a la solicitada”, es decir, que ésta sea modificada.

El juzgador apercibió al juez Ganther Alejandro Villar de que incumplir con lo anterior implica sanciones administrativas y/o económicas, amen de que “se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos legales o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo”.

Además, le advirtió que “si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado, llegado el caso, se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo”.

En marzo de este año, se realizó la audiencia intermedia  del proceso judicial contra Rosario Robles Berlanga, por el delito de uso indebido del servicio, en la cual tanto la Fiscalía General de la República como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que participa como coadyuvante de la FGR, concluyeron la depuración de más de 300 pruebas contra Robles Berlanga, entre testimonios y documentos, cuya mayoría fueron avaladas por el juzgado para la etapa del juicio oral.

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