La noche y madrugada del 19 de junio de 2020, los habitantes de Caborca, Sonora, quedaron atrapados en medio de un fuerte enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado.
Los estallidos de armas de grueso calibre, el olor a fuego y el miedo propagándose en forma de videos que circulaban por las redes sociales, aterrorizaron por horas a la población.
Al amanecer, los habitantes descubrieron vehículos, tráileres, casas y una gasolinería incendiada. A las afueras de la ciudad, tirados sobre la carretera que va de Caborca a Sonoyta, hallaron nueve cuerpos de hombres semidesnudos, apilados unos sobre otros.
Lo que sucedió aquel día en el desierto de Sonora, en los límites de la frontera con Estados Unidos, fue advertido cinco días antes en un reporte de inteligencia enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Por inteligencia técnica se conoció que líder del Cártel del Pacífico en la región de Altar, vertiente de Los Chapitos, ordenó la quema de gasolinerías, ranchos y taxis en Caborca y Pitiquito”, se lee en un informe de inteligencia del 14 de junio de 2020.
“Coordina la quema de gasolinerías con la intención de dejar el municipio sin combustible y dificultar la intervención de las fuerzas de seguridad. Instruyó quemar el cerro y ranchos para replegar a sus antagónicos. Quemarán taxis locales para generar temor entre la población”, advierte el reporte encontrado en los correos electrónicos filtrados por Guacamaya.
Entre mayo y noviembre de 2020, la Sedena recibió al menos 24 reportes de inteligencia que dan detalles del conflicto que sostenían en ese momento cuatro células del Cártel de Sinaloa: Los Salazar y Los Cazadores, vinculados a Los Chapitos; Los Gigios, afines a El Mayo, y Los Páez, relacionados con Rafael Caro Quintero. Todos los documentos muestran de fondo la palabra “Confidencial”.
Según los reportes, estos cuatro grupos se disputaban el control del territorio en el desierto de Sonora para el tráfico de personas, drogas y armas hacia y desde Estados Unidos.
En los documentos revisados se informa de hechos violentos ocurridos en los municipios de Caborca, Pitiquito, General Plutarco Elías Calles, Ures, Santa Ana y Magdalena de Kino. El conflicto mayor se sitúa en la región del desierto de Altar, Sonora.
Pero también se advierte sobre posibles hechos futuros y estrategias de los grupos criminales para atacarse entre sí. En los informes se emiten recomendaciones a la Sedena y a la Guardia Nacional para vigilar y aumentar su presencia en determinadas zonas y fechas exactas en que podrían ocurrir enfrentamientos.
En una revisión de notas periodísticas realizada para este trabajo, se encontraron al menos tres hechos de violencia que sí ocurrieron el 14 de mayo, el 19 de junio y el 12 de noviembre de 2020, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional sabía de la alta posibilidad de los enfrentamientos desde días atrás.
Un reporte de inteligencia del 12 de noviembre de 2020 enfatiza que los hechos violentos ocurridos ese día ya se habían advertido tres días antes, en una alerta del 9 de noviembre.
“CNI emitió una alerta temprana que fue compartida con Sedena y GN, la cual advertía sobre los ataques que pretendían realizar Los Cazadores contra mandos de Los Páez en los citados lugares, los cuales se concretaron este día”, se destaca en un informe que da detalles de la quema de cuatros inmuebles en Caborca y San Isidro, que eran propiedad de líderes de Los Páez, afines a Caro Quintero.
Consultado sobre los hallazgos, el analista en seguridad, Alejandro Hope, explica que hay una alta probabilidad de que los reportes de inteligencia deriven de intervenciones telefónicas sin la autorización de un juez, con el único objetivo de dar seguimiento a actores criminales.
Hope detalla que comúnmente las autoridades intervienen las comunicaciones de los criminales para hacerse de información sobre sus actividades, pero no es suficiente para convertirlo en una evidencia ante un juez y que éste autorice una detención o un cateo.
“Esta información de inteligencia, la intervención, la transcripción, la geolocalización, todo el producto de inteligencia no sirvió, no generó una reacción, no previno un hecho. Y creo que esto es mucho más común de lo que imaginamos”, destaca el analista experto en seguridad.
De acuerdo con notas periodísticas, al menos tres de los líderes criminales mencionados en los reportes de inteligencia fueron detenidos y vinculados a proceso en diferentes momentos de 2021 y 2022.
Al respecto, Hope considera que es probable que las autoridades realizaran un seguimiento a las actividades de estos personajes con el objetivo de capturarlos, pero que no intervinieran en sus enfrentamientos para no poner en riesgo la operación.
“¿En qué medida, el seguimiento del actor criminal tiene más valor, mantener el seguimiento sobre tal o cual blanco, por encima de la protección de los ciudadanos? La necesidad de llevar a juicio a una persona puede ser el valor superior”, señala.
En los reportes sobre la situación de violencia en el estado de Sonora, también se dan detalles de la corrupción de las Fuerzas Armadas y policías locales que colaboraban con los criminales, realizaban operativos y detenciones a favor de uno de los grupos en conflicto.
“El grupo se caracteriza por su alta capacidad de corrupción, por lo cual recibe protección de fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes además de brindarles protección e informar de los operativos implementados en su zona de operación, también participan en la detención de sus antagónicos, inclusive en acciones violentas contra los mismos”, destaca un reporte del 12 de agosto de 2020.
“Su amplia red de corrupción fortalece su capacidad de fuego y le brinda ventaja ante sus antagónicos para expandir su zona de operación, situación que advierte un escenario de mayor violencia”.
En ese mismo documento se detallan acuerdos ilegales para el pago de cuotas semanales a policías locales, Guardia Nacional y mandos militares, quienes supuestamente recibían desde 20 mil hasta 60 mil pesos a fin de que participaran en la “limpia de la plaza”.
“Llegó a un acuerdo con policías sobre el monto de la cuota semanal: policía municipal de 20 mil pesos, 25 mil pesos a policías estatales y 30 mil pesos a ‘cajoneros’ (corporación sin identificar); asimismo, proporcionarán 40 mil pesos quincenales a la Guardia Nacional...
“Acordó el pago de 60 mil pesos semanales a un presunto mando militar (sin identificar), con la finalidad de implementar operativos en contra de Los Páez en Caborca [Sonora], y participar en la ‘limpia de la plaza’”.
Los informes también le advierten a la Secretaría de la Defensa Nacional de la fuga de información sobre sus estrategias y se le recomienda cambiar a su personal en la zona para prevenir la filtración.
“Se sugiere no compartir información con autoridades locales, ya que la organización cuenta con una amplia red de corrupción que le informa sobre las acciones de las fuerzas de seguridad”, se recomienda en un reporte del 4 de junio de 2020.
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