La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal hizo un llamado al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Puebla para que, en apego a la Constitución, se garanticen los Derechos Humanos de los detenidos por el conflicto postelectoral de Coyomeapan.
Precisó que da seguimiento a la situación jurídica de Basilisa Montaño Gutiérrez, defensora de derechos humanos e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), así como de Eruviel Aguilar Gómez, Adán Anastasio González Aguilar y Gonzalo Martínez Herrera, integrantes de la Unidad por Coyomeapan, en el estado de Puebla.
Recordó que el pasado 1 de septiembre del 2021, en el municipio de Ajalpan, fueron detenidos luego de sostener una reunión de trabajo con funcionarios del gobierno del estado en donde expresaron su inconformidad por el proceso electoral del 6 de junio.
Posteriormente, fueron ingresados al Centro de Reinserción Social Regional en Tehuacán, Puebla, por su probable participación en la comisión de diversos delitos.
De igual forma, reportó que el 5 de septiembre, fue detenido Gonzalo Martínez Herrera, quien fue trasladado al mismo centro de internamiento.
En un comunicado, precisó que la Unidad por Coyomeapan es un movimiento que agrupa a más de 4 mil personas originarias de dicho municipio y que en diversos momentos, han visibilizado situaciones en detrimento de la población más desfavorecida, además de tener una participación en asuntos públicos de manera activa.
Asimismo, hizo especial mención el activismo de Basilisa Montaño Gutiérrez, mujer indígena perteneciente a la comunidad nahua de la sierra de Puebla y representante de la organización de la sociedad civil Copalxóchitl, con una trayectoria reconocida a favor de los pueblos originarios de dicha entidad.
En ese sentido, informó que el pasado 22 de septiembre, personal de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y del Inmujeres, acudieron al Centro de Reinserción Social Regional en Tehuacán, corroborando que las personas integrantes del movimiento se encontraban en buen estado de salud.
Según lo expresado por los activistas, la privación preventiva de su libertad, podría estar vinculada con el activismo que desarrollan en Coyomeapan.
Por lo tanto, exigió proteger las garantías de los detenidos, especialmente de quienes son defensores de derechos humanos.
Advirtió que restringir o inhibir el trabajo de quienes buscan evidenciar y combatir las injusticias incide directamente en un debilitamiento del Estado democrático de derecho.
El gobernador Miguel Barbosa dijo el 22 de septiembre del 2021 que dichas detenciones se derivaron de hechos violentos como la quema de bienes y paquetería electoral.
