En una semana, el Poder Legislativo, es decir, el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron la ampliación del mandato de dos años del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y esta reforma fue enviada inmediatamente al Ejecutivo, para su promulgación.
A pesar de todas las voces que alertaban inconstitucionalidad, albazo legislativo y hasta el delito de perjurio, los diputados de la 4T (Morena, PT y Partido Verde) impusieron su mayoría para que Zaldívar se quede al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hasta el 30 de noviembre de 2024.
“Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 11 de marzo de 2021, y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.
“Asimismo, el consejero de la Judicatura Federal, nombrado por el pleno de la Suprema Corte el 1 de diciembre de 2016, concluirá su encargo el 30 de noviembre de 2024”, define el artículo 13 del decreto.
El aval a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que impacta en siete diferentes ordenamientos, se dio en un debate que empezó a las 23:00 horas el jueves y terminó a las 11:00 horas del viernes.
Esta minuta fue aprobada al filo de las 4:30 horas, con 260 votos a favor y dos abstenciones de Morena, PT y Verde, y 167 sufracios en contra, del PAN, PRI, PRD, MC y PES.
La reforma fue avalada apenas el pasado 15 de abril por el Senado, y los diputados hicieron lo propio sólo en cuatro días.
Algunos integrantes de Morena, como Porfirio Muñoz Ledo, Lorena Villavicencio y Rubén Cayetano, rompieron con la línea de su partido y se pronunciaron en contra del proyecto que, al mismo tiempo, era defendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Dice claramente la Constitución que el mandato de la presidencia de la Corte durará cuatro años, que no se admitirá ninguna reelección. No hay ningún jurista en el país que haya opinado en sentido distinto y, el que lo hace, es el consejero jurídico de la Presidencia”, aseguró Muñoz Ledo.
Mientras, Villavicencio exclamó: “Este transitorio por sí mismo afecta de manera seria lo que juramos hacer cumplir (...) se trata de un artículo transitorio que rompe con el marco constitucional, pero también está afectando seriamente otros artículos”.
En total, los detractores de la ley habían presentado 553 reservas para intentar modificarla; sin embargo, una a una se fueron desechando o fueron enviadas al Diario de los Debates, para que sólo se publicaran ahí, sin posibilidad de discutirlas.
“La manzana de la discordia sigue siendo este artículo, se ha vuelto ya una manzana envenenada que pretende extender inconstitucionalmente el plazo del Consejo de la Judicatura y del titular de la SCJN. Estamos a un paso de que se vuelva podrida”, exclamó Enrique Ochoa Reza, diputado por el PRI.
Asimismo, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, mencionó que la reforma representa la corrupción de algunos miembros de los tres poderes para violar la Carta Magna y, advirtió, se podría hundir el Poder Judicial, “al votar por esta reforma, se pasaría a la anticonstitucionalidad”.
De manera sorpresiva, Édgar Guzmán Valdéz, de Encuentro Social, mencionó que no se pueden hacer leyes con dedicatoria, por lo que pidió quitar el transitorio, ya que, de no hacerlo, se estaría atentado contra la supremacía constitucional.
Al final del debate legislativo, los morenistas concluyeron de pie y aplaudiendo, mientras que los diputados de oposición se fueron entre amenazas de que acudirán a la misma Suprema Corte, para interponer acciones de inconstitucionalidad.
