Aunque anunció que desde este miércoles trabaja en un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Agronitrogenados, el abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, Miguel Ontiveros Alonso, señaló que impugnarán la prisión preventiva justificada que el juez José Artemio Zúñiga le impuso a su cliente en la causa penal.
Entrevistado al término de la audiencia de este miércoles, el litigante reveló que en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht ya apelaron la decisión ante un tribunal, misma que fue notificada al juez y a la Fiscalía General de la República.
“Ya se hizo en relación con la de Odebrecht, el propio juez ya tiene conocimiento de ello, también las instituciones del Estado y también vamos a apelar la decisión del día de hoy porque creemos que es ilegítima, pero sobre todo algo muy importante”, indicó.
Ontiveros Alonso afirmó que Lozoya Austin está colaborando con la FGR, por lo que consideró que no hay razón para privarlo de la libertad, pues, dijo, siempre ha estado a disposición y no ha cambiado su postura, más bien, ha señalado a los beneficiarios finales de los recursos otorgados por Odebrecht en el marco de la reforma energética y de la campaña electoral 2012.
“Todo la denuncia está ratificada, está dispuesto a sostenerla frente a quien sea. En esa tesitura nosotros creemos que la prisión preventiva no corresponde con el estatus de un testigo colaborador, sino que debiera brindársele la posibilidad de estar en libertad y de seguir colaborando con la institución hasta las últimas consecuencias, esa es la postura de él y esta defensa”.
Sobre el acuerdo reparatorio, el abogado señaló que hizo una propuesta para la reparación del daño en el caso Agronitrogenados, que asciende a 3.4 millones de dólares, con la entrega de un inmueble propiedad de Emilio Lozoya.
“Afortunadamente, el mismo juez de la causa lleva también el caso de Odebrecht, y en el caso de Odebrecht hemos anunciado también que hay postura formal por parte de la familia de garantizar, en este caso con inmuebles, la imputación que le hace la FGR, y una vez garantizado el pago de la reparación del daño con esos inmuebles, con un esquema de pago a plazos durante dos o tres años, habiendo él ya aportado elementos suficientes para la persecución de otros actores en determinados delitos, solamente quedaría la ratificación del Tribunal y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en eso casos, proceso la suspensión de la acción penal.
"Si esto se concede y la FGR está de acuerdo, saldría en libertad sujeto, por supuesto, a ratificar la denuncia ante un Tribunal, ese es el estatus que tenemos y nos vamos a dedicar a trabajar ahora en la reparación del daño en ambos casos”.