El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que el pasado 17 de diciembre aprobaron suspender la revocación de mandato, bajo el argumento de falta de presupuesto.
Se trata del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, así como de los consejeros Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez, además de Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del órgano, a quienes se demanda por la comisión de “hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos y lo que resulte”.
“Servidores públicos que se desempeñan como consejeros electorales integrantes del Consejo General del INE, y Edmundo Jacobo Molina, servidor público secretario Ejecutivo del instituto, por su participación en hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos, previsto y sancionado por el artículo 216 del Código Penal Federal y los demás delitos que resulten, en agravio del servicio público federal y afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo”, señala el acuse de la denuncia de hechos del que EL UNIVERSAL tiene copia.
Ayer a las 14:58 horas, Gutiérrez Luna, a través del abogado de la Cámara, Genaro Vásquez, presentó un recurso de queja ante el Órgano Interno de Control del INE contra los mismos servidores públicos, por presuntas faltas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La denuncia, dirigida al titular del órgano, Jesús George Zamora, y cuya copia del acuse está en poder de este diario, señala: “Hago de su conocimiento hechos que constituyen faltas administrativas que, en su carácter de servidores públicos, han desplegado Lorenzo Córdova, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, y Beatriz Claudia Zavala Pérez, en su carácter de integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y Edmundo Jacobo Molina, servidor público que se desempeña como secretario ejecutivo del INE, ante la afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”.
El Órgano Interno de Control del INE se encarga de la revisión, control, fiscalización, investigación, inspección y vigilancia de los ingresos, egresos, recursos y patrimonio del INE y tiene la autoridad de fijar responsabilidades administrativas a los empleados del instituto.
Las sanciones, en caso de que la queja sea atendida favorablemente, van desde amonestación, suspensión, sanciones económicas e incluso la destitución.
Apenas el martes, Gutiérrez Luna presentó de manera formal una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer, por falta de recursos, el ejercicio de revocación de mandato.
El recurso legal, que denuncia la posible contradicción entre la Constitución y la resolución de los consejeros, fue aceptado a trámite por la Comisión de Receso de la Corte, integrada por las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, quienes concedieron una suspensión.
Con ello, el INE debe cumplir con los tiempos establecidos en la ley para organizar la consulta popular.