Encabezará diálogo sobre derechos de niños trans y padrón de usuarios de telefonía
De las cuatro integrantes del pleno, la ministra Norma Lucía Piña Hernández es la decana, pues llegó a la Corte desde 2015 y concluirá su periodo hasta 2030.
Es de las pocas integrantes con carrera judicial, pues toda su vida ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
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En 1988 se desempeñó como secretaria Proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito. En 1998, fue designada juez Tercero de Distrito en Morelos, y dos años más tarde la nombran como titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa, en el entonces Distrito Federal.
Tiene especialidades en Derecho Penal, Constitucional, Administrativo y Agumentación Jurídica, y es doctorada en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM.
Está adscrita a la Primera Sala, área que la recibió en los 90, cuando fue secretaria de Estudio y donde ha participado en debates como el de la declaratoria general de inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana, proyecto que ella realizó.
En 2019 fue presidenta del Comité Interinstitucional para la Igualdad de Género del Judicial y titular de la Unidad General de Igualdad de Género de la Corte.
Durante la discusión de la despenalización del aborto, enfatizó que las normas que criminalizan a la mujer por interrumpir su embarazo en realidad castigan su conducta sexual, y en la discusión de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, formó parte del bloque que se pronunció en contra.
Igual que sus compañeras, puede aspirar a ser una de las candidatas a presidir la Corte en 2024.
Deberá presentar los proyectos sobre la constitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, derechos de los niños transgénero para modificar sus actas de nacimiento y la impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la orden de entregar al INE la investigación sobre Pío López Obrador y David León.
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Participará en debates sobre violencia, protección a la niñez e igualdad de género
A la ministra Yasmín Esquivel Mossa la respaldan más de 30 años en el servicio público. Llegó a la Corte en 2019, luego de ser presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde participó en la emisión de fallos en materia de equidad de género y protección del interés superior del menor y fue la encargada de implementar el sistema anticorrupción.
Durante su postulación como una de las candidatas a suplir a la ministra en retiro Margarita Luna Ramos, fue cuestionada por un posible conflicto e intereses, pues es esposa del empresario José María Riobóo, cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para defenderse, recordó su trayectoria profesional en el servicio público, que opaca los 10 años que lleva de conocer a su marido.
Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y la Anáhuac; también se especializó en Derecho Aministrativo, Fiscal y Sistema Financiero.
De 2018 a 2019 fue secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A. C., y en marzo de 2018 recibió la presea Mujeres por la Igualdad 2018.
En enero de 2020, fue designada presidenta de la Segunda Sala.
Su trabajo ha sido cuestionado por su postura en contra de conceder suspensiones para mantener los altos sueldos de la burocracia y votar por declarar constitucional la consulta para enjuiciar a expresidentes.
Sin embargo, durante su participación en el debate de la despenalización del aborto, destacó por emitir argumentos que reivindican la lucha feminista: “Despenalizar el aborto voluntario no implica fomentar su práctica, sólo conlleva a no criminalizar a la mujer que así lo decida”, afirmó.
Entre los temas que abordará en el pleno y la Segunda Sala, por formar parte de los asuntos de su ponencia, está el de la inconstitucionalidad sobre la Ley de la Armada, violencia contra las mujeres, protección a la niñez, igualdad de género, personas con discapacidad, derechos humanos, entre otros.
Proyectos sobre delitos sexuales y debate de militarización, sus pendientes
En enero de 2020, la llegada de la ministra Margarita Ríos Farjat a la Suprema Corte rompió una racha de 25 años en los que no había más de dos mujeres en el pleno.
Ríos Farjat no llegó respaldada de una carrera judicial o en el servicio público.
Sin embargo, tiene diversos poemarios de su autoría, como Si las horas llegaran para quedarse, de 1995, y Cómo usar los ojos”, de 2010, pasión que sigue ejerciendo y que combina con su función jurisdiccional actual.
Es la más joven de las ministras y su nombre llegó al ámbito público cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador la designó como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Su llegada a la Corte se vio marcada por el inicio de la pandemia de Covid-19, pues no cumplía ni tres meses como ministra y el Poder Judicial cerró sus puertas. Esto impidió que socializara con sus compañeros; sin embargo, desde sus primeras participaciones mostró afinidad con los criterios liberales.
Uno de esos criterios fue el que se permita a las personas solicitar el cambio de su fecha de nacimiento sin necesidad de ir a juicio.
Otro fue la resolución en la que reconoció la filiación por solidaridad humana.
A propuesta de Ríos Farjat, la Primera Sala atrajo un amparo para determinar si los delitos sexuales contra menores pueden o no prescribir, caso que sentará un precedente a nivel nacional.
En la discusión sobre la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, la ministra votó por declararla constitucional
En noviembre de 2021 se dio a conocer que realizó un proyecto de resolución sobre la controversia planteada contra la militarización de las labores de seguridad pública hasta 2024, en el que propone dar luz verde a esta orden presidencial. Tomando en consideración la importancia del asunto, será resuelto por el pleno.
Realizará el proyecto de resolución de la impugnación por la CNDH contra la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio.
Estará en la controversia de INE contra el presupuesto y la impugnación de Cofece
La cuarta ministra y última en llegar al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es Loretta Ortiz, quien desde la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador la propuso para ocupar un lugar en el recinto defendió su carrera como jurista frente a los señalamientos de falta de imparcialidad, por estar casada con el fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti.
Antes de llegar, Ortiz Ahlf logró ser reconocida como pionera en materia de derecho internacional, por su postura ante las violaciones que sufren los migrantes.
También destacó por su papel como asesora legal de México en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y como miembro de la Comisión de Asesores Externos de Derecho Internacional Público de la Cancillería.
En 2018 se unió al equipo de López Obrador, a fin de coordinar el Consejo Asesor para Garantizar la Paz, órgano que busca acercar a las autoridades con víctimas de violencia en el país.
Esta actividad ha sido objeto de críticas sobre cuál será su postura acerca de los temas que afectan el proyecto de nación del Mandatario.
En 2020, cuando era consejera de la Judicatura Federal, publicó el libro Guardia Nacional y derechos humanos, en el que planteó que mantener la paz, el orden público y proteger al mismo tiempo las garantías individuales son tareas esenciales del Estado.
Uno de los primeros asuntos que recibió fue la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presupuesto 2022, en el que se redujo el gasto que recibirá y que deberá utilizar para la consulta de revocación de mandato.
Por tratarse de casos relacionados, también conocerá la impugnación de los diputados contra el acuerdo del INE para aplazar la revocación de mandato, que ya fue revertido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además, resolverá la impugnación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la reforma eléctrica.
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