La triangulación de fondos
Dos operadores investigados
Rodrigo Abdala Dartigues, ex diputado federal morenista en el periodo 2015-2018, se incorporó como delegado de la Secretaría de Bienestar en Puebla desde el inicio del actual sexenio, y el pasado mes de agosto fue designado como titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de la dependencia federal, donde según el portal de nómina transparente recibe un sueldo neto de más de 100 mil pesos mensuales.
Abdala dejó el cargo de súper delegado en medio de acusaciones de presunto desvío de recursos. Ex trabajadores de la Secretaría de Bienestar acusaron que el funcionario habría favorecido a Bertha Luján para su candidatura como presidenta de Morena, de acuerdo con notas periodísticas.
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Entre las irregularidades denunciadas se menciona que Abdala no entregó los apoyos a los damnificados del sismo de 2017. De acuerdo con documentos del INE, el funcionario recibió 6.1 millones de pesos del fideicomiso para el sismo, que supuestamente entregaría de forma directa a los afectados.
También se le acusó del uso de credenciales de elector de beneficiarios de los programas gubernamentales con otro fin.
José Antonio Aguilar Castillejos es otro de los operadores cuya participación en el esquema de depósitos hormiga le redituó en ser nombrado como súper delegado en Chiapas a partir del 1 de diciembre de 2018.
Antes de ello, de 2012 a 2018, Aguilar Castillejos, quien también es Senador suplente, había ocupado cargos partidistas en órganos de Morena en Chiapas, como secretario y presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y al frente del Consejo estatal morenista, según se desprende de su última declaración como funcionario federal en mayo pasado.
En octubre del 2019, la entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que nueve delegados en los estados eran investigados por mal uso de los programas sociales a su cargo, entre ellos los de Chiapas y Puebla, Aguilar y Abdala. E incluso la Sala Regional Especializada del TEPJF determinó que incurrieron en promoción personalizada con el uso indebido de recursos públicos, al hacer campaña a favor del presidente con el reparto de programas.
