En la revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un esquema de contrataciones irregulares que sirvió para desvanecer millones de recursos públicos.
Las dependencias implicadas firmaban convenios con entidades públicas, como universidades o centros tecnológicos estatales debido a que estas contrataciones están excentas de las reglas de licitación que rigen el resto de las adjudicaciones de obra pública.
Posteriormente, los entes públicos contratados subcontrataban con empresas privadas los servicios que supuestamente debían prestar a las dependencias federales.
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La ASF detectó que los servicios nunca se entregaron o se entregaron de manera deficiente, ocasionando con ello daños al patrimonio público.
Este esquema fue conocido públicamente como la Estafa Maestra en el que principalmente participaron las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), encabezadas por Rosario Robles; Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezado por Emilio Lozoya y el Banco Nacional de Obras (Banobras), encabezado por Alfredo del Mazo.
Actualmente diversos funcionarios de la Sedatu y la propia Rosario Robles han sido vinculados a proceso pues los desvíos cometidos en las dependencias encabezadas por la exfuncionaria superan los cinco mil millones de pesos.
Sin embargo, ninguno de los ex funcionarios ha sido imputado directamente por cometer los desvíos sino por “descuidar” sus labores de vigilancia para que los contratos con las universidades, centros tecnológicos o entes estatales se ejecuten conforme a lo pactado.
Los exfuncionarios están vinculados a proceso por ejercicio indebido del servicio público, delito que no merece prisión preventiva de oficio pero, de todos ellos, la única que sí permanece privada de su libertad es Rosario Robles, pues la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que existe riesgo de que se dé a la fuga, por lo que se le impuso la medida de prisión preventiva justificada.
El caso contra Rosario Robles permanece suspendido debido a un amparo tramitado por su defensa, por lo que el juez de control está impedido para dictar auto de apertura a juicio.
EL UNIVERSAL informó que ayer en audiencia inicial del exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de Sedatu, Enrique González Tiburcio, la FGR utilizó por primera vez el testimonio del exoficial mayor de la dependencia, Emilio Zebadúa, quien solicitó ser considerado testigo colaborador para obtener un criterio de oportunidad.
González Tiburcio aún no ha sido vinculado a proceso y permanece en libertad pues hasta este sábado se realizará la continuación de la audiencia para definir su situación jurídica.
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