Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para que los violentados de mujeres y los deudores alimentarios no puedan ser elegibles a un cargo de elección popular.
Con 23 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se avalaron estos cambios que fueron promovidos por las diputadas Martha Ávila, Gabriela Quiroga y colectivas feministas.
Las comisiones unidas aprobaron el dictamen con el que se reforma el artículo 10, apartado C, adicionando una fracción 11 a la Constitución Política de la Ciudad de México, en donde se establecerá que ninguna persona violentadora o deudora podrá ejercer un empleo, cargo, comisión en el servicio público, ni podrá registrarse como candidata a cargos de elección popular.
De acuerdo con lo aprobado, no podrán postularse quienes tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida e integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psico sexual.
Tampoco podrán hacerlo quien cuente con sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades o tipos.
Asimismo, quedará prohibido postularse a quienes se encuentren inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos, a menos que, acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente.
De esta manera, esta reforma aplicará para todos los servidores públicos sin importar su nivel, desde el más alto hasta el más bajo; para cualquier servidor del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos.
De igual forma, también se reforma el Artículo 27, apartado B, numeral 7, Fracción primera de la Constitución Política de la Ciudad de México, adicionando un nuevo párrafo que indica que se deberán establecer los mecanismos necesarios para que los partidos políticos garanticen la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política en razón de género en sus procedimientos.
Se prevé que el dictamen sea presentado ante el Pleno el próximo 23 de noviembre y que acudan representantes de las colectivas feministas que impulsaron este tema ante el Congreso local.