Pese a que la empresa Grupo 85 S.A. de C.V. —que por “error” del Congreso local recibió un millón 370 mil 980.80 pesos como pago por 550 cartuchos de tóner—, ha comenzado a regresar paulatinamente ese dinero, la proveedora Flor de María Adama y Vives, quien realizó dicha venta y resultó afectada con la “equivocación”, sigue sin recibir un peso.
Además, el Congreso capitalino demandó penalmente esa acción ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, la cual hasta el momento no ha citado a ninguno de los presuntos responsables de ese pago indebido que realizaron.
Por ello, se supo que el oficial mayor Reynaldo Baños Lozada ha ordenado al tesorero del Congreso, Francisco Saldaña Liahut, no pagar nada hasta que el Ministerio Público concluya las indagatorias.
Sin embargo, la empresaria afectada con este “error” del anterior tesorero, Alfonso López Fernández, lo mismo que de otros funcionarios que ya no laboran en esa institución, dice que está al borde de la quiebra, pues no tiene fondos para mantener su negocio.
Aún y cuando el Congreso de la Ciudad demandó por el delito de fraude, penal y civilmente a la empresa Grupo 85, que recibió el dinero, tardó más de un año en dar con los propietarios de la misma, quienes, presuntamente, acordaron devolver el fondo, “pero a plazos y de acuerdo a sus posibilidades”, dijeron los allegados al caso.
El problema es que nada de ese dinero lo han hecho llegar a quien en febrero de 2020, le vendió al Congreso local los cartuchos de tóner, sin que hasta el momento exista fecha o compromiso del oficial mayor o del tesorero de cumplir con lo que ofrecieron sus antecesores, para que no fueran demandados penalmente.
La proveedora Flor de María Adame y Vives exige su pago y el tesorero no niega la deuda, pero su argumento sigue en los mismo: “Le pagaremos en cuanto la otra empresa nos devuelva el dinero”, por lo cual los abogados de la afectada sólo esperan la orden de cliente para demandar al Congreso.
Sin embargo, el entonces contralor interno del Congreso de la CDMX, Jorge Real Sánchez (hoy funcionario de la alcaldía Miguel Hidalgo), reconoció el adeudo, e incluso, recomendó a la Oficialía Mayor, Tesorería, Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la presidencia de la Mesa Directiva, agilizar el pago de dicho dinero.
Aunque han sido por lo menos tres pedimentos que Adame y Vives ha presentado ante el Congreso capitalino, todas las autoridades al parecer coinciden en que “el pago no es procedente porque así lo ha ordenado el oficial mayor, pues insiste en que esto lo hará hasta que concluya la investigación”.
Cabe recordar que la venta de los 550 cartuchos de tóner al Congreso local ocurrió en febrero de 2020.