El fin de semana, la influencer trans Wendy Guevara se convirtió en la ganadora del reality show La Casa de los Famosos con 18.2 millones de votos y esto abrió la discusión sobre los avances en el reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual en México.
Sin embargo, es un sector de la población que sigue padeciendo discriminación y odio en todo el país y Puebla no es la excepción.
Así lo advierte el estudio "Discriminación, violencia e ineficiencia institucional: los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+ en el Estado de Puebla 2015- 2021", presentado este año por la Universidad Iberoamericana Puebla con análisis de casos y solicitudes de información.
El estudio destaca como relevante el caso del activista Agnes Torres y la forma como su asesinato fue tratado por las mismas autoridades.
De acuerdo con la academia, el tratamiento de los delitos evitó que fuera considerado dentro de un asesinato en el grupo poblacional de las personas transgénero durante el 2012, lo que lo dejó fuera de las estadísticas.
Por otro lado, señalan que las autoridades utilizaron en boletines oficiales el nombre que ella tenía antes de hacer la transición y esto supuso una falta de respeto a la identidad de género.
En los análisis que realizan sobre las violaciones a derechos humanos citan el caso de una peticionaria de preferencia homosexual-transexual, quien durante 13 años tuvo complicaciones para que se le reconociera con su nueva identidad en su título universitario.
El estudio resalta que en el 2020, la Secretaría de Gobernación de Puebla también transgredió los derechos humanos de esta comunidad que desempeña trabajo sexual por exceder las limitaciones en torno a la pandemia de Covid-19.
El estudio también documenta quejas que se registraron a nivel federal por acusaciones directas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Migración (INM) por negar o brindar deficiente atención médica y abuso de autoridad, ocurridos en 2020.
Hacia el final de la investigación también toman en cuenta los primeros resultados de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Comunidad LGBTTTIQ+ en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante 2021, documentaron la existencia de 95 denuncias de delitos y en este caso destaca que 21 correspondieron a personas transgénero, transexuales y travestis, lo que representó un 22 por ciento del total.
Sin embargo, también hubo avances en materia legislativa, gracias a que el Congreso del Estado aprobó la llamada Ley Agnes, que reconoce el cambio de identidad.
Esto permite a las personas trans poder modificar el nombre en su acta de nacimiento a partir del autoreconocimiento de identidad.