El 25 de febrero, Puebla se convirtió en el estado número 14 de todo México en reconocer los derechos civiles y políticos de las personas transgénero al aprobar la “Ley Agnes”. Pero, a un mes de distancia, sus preceptos son inaplicables.
Dicha ley permite a este sector de la población cambiar sus documentos oficiales para que sus nombres coincidan con su nueva apariencia física. De esta manera, podrían obtener una nueva acta de nacimiento, credencial de elector, licencia y pasaporte, inscribirse en la escuela, solicitar un empleo, darse de alta en el servicio de seguridad social, entre otros trámites.
Sin embargo, hasta ahora, esa ley no es vigente, por lo que nadie en esa circunstancia puede iniciar trámite alguno. Ante ello, activistas y organizaciones civiles han iniciado una campaña en redes sociales para demandar la publicación inmediata bajo el eslogan “los derechos de la comunidad trans no pueden ponerse en pausa”.
Diana Vivaldi, activista trans, publicó en su cuenta de twitter: “que se sepa que en Puebla, el gobierno de Miguel Barbosa sigue vulnerando los derechos de la comunidad trans”.
A esta demanda se han sumado incluso legisladores.
La Ley Agnes –bautizada así en memoria de la activista transgénero Agnes Torres, asesinada en 2012- fue aprobada con 34 votos a favor y seis abstenciones de diputados del PAN y dos legisladores sin partido. La diputada local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Estefanía Rodríguez Sandoval, fue una de las principales impulsoras de esa ley en el Congreso.
En entrevista con El Universal Puebla, lamentó que a la fecha no haya sensibilidad política del gobierno del estado para publicar la Reforma al Código Civil y el reglamento para su entrada en vigor.
“Es lamentable que aún no se publique esta ley después de 10 años de lucha por el reconocimiento para la identidad de género. Esperemos que no sea por un tema político electoral o de venganza ante las movilizaciones que se realizaron para lograrlo y que evidenció que no había voluntad para hacerlo”, comentó.
Explicó que desde un principio hubo omisión al no haber un reconocimiento de la necesidad de aprobar esta ley, por lo que tuvo que intervenir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), haciendo un exhorto al Congreso del Estado. En efecto, el 16 de febrero del 2021, la CNDH emitió un comunicado en el que señaló la urgencia de que se aprobara dicha normativa “contribuyendo así a eliminar la discriminación histórica y estructural que, de manera injusta, se ejerce en contra de las personas trans que residen o transitan en esta entidad”.
La diputada Estefanía Rodríguez agregó que la duda es mayor porque, por lo regular, cuando se aprueba una ley, ésta es publicada al día siguiente en el Periódico Oficial.
“Hay otras iniciativas que se aprueban rápido en el Congreso del Estado y se publican al siguiente día. Esperamos que pronto pueda publicarse para poner en marcha el reglamento del registro civil”, confió.
Rodríguez Sandoval admitió que la aprobación de la Ley Agnes ocurrió gracias a la presión de la sociedad civil organizada y a la toma de las instalaciones del Congreso Local, lo que puso en la mirada nacional a Puebla. Sentenció que la lucha no se acabará hasta que la Ley Agnes sea publicada y hasta que las personas transgénero puedan tener sus actas de nacimiento y hacer valer todos sus derechos. Brahim Zamora, activista y amigo de Agnes Torres, consideró que el reconocimiento de la identidad sexogenérica quedó a medias ante el retraso de la publicación de esta ley, así como en las modificaciones al Código Civil para su correcto funcionamiento.
“Lo que votó el Congreso está a medias. Se votó con reservas, hace falta no solo su publicación, sino una serie de modificaciones para darle claridad al procedimiento, es un poco por lo que diversas organizaciones se inconformaron, además de que el gobierno del estado y a la Secretaría de Gobernación no tienen interés por acelerar el proceso”, expresó en entrevista.
El activista calificó como grave el hecho de que el Ejecutivo evite dar el siguiente paso, pues lo pudo hacer al día siguiente de su aprobación.
Dijo que quizá el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, está molesto por las condiciones que se dieron para lograr la aprobación de la ley, debido a la “toma” del Congreso y a las movilizaciones del 8 de marzo. Pero consideró que no se pueden violentar los procesos jurídicos.
“Más que un acto de venganza por las circunstancias en las que se dio la reforma, me parece una demostración de poder. Es como decir: está bien la aprobamos, pero se publica cuando yo lo decida”, consideró el activista.
Juan Corona, otro defensor de los derechos de esta comunidad, reiteró que las personas trans siguen en estado de indefensión mientras no se publique la misma, por lo tanto, se siguen violentando sus derechos. La falta de vigencia está ocasionando que se aplacen los trabajos con la Dirección de Registro Civil para la adecuación de los formatos, los procesos de sensibilización de jueces, así como en la coordinación con otras instancias para adecuar la documentación que los identifique.
"Lo más grave –dijo- es que por cada día que pasa, se le siguen violentando sus derechos por la falta de garantías a sus derechos que ya están establecidos, pero que no han sido publicados".
