Asientos desoldados, puertas sostenidas por cordones, timbres que no funcionan, unidades sucias, música a todo volumen, conductores que manejan usando su teléfono celular, que juegan carreritas y no respetan el reglamento de tránsito, son algunas de las principales características del servicio de transporte público en Puebla.
Los usuarios así lo han comentado a través de las redes sociales en las que denuncian el comportamiento de los conductores, quienes incluso se oponen a otorgar el servicio a personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad.
De acuerdo con diversos estudios hechos por especialistas, como investigadores de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el servicio de transporte público es deficiente para una ciudad como ésta, la cuarta metrópoli más poblada del país.
En la tesis “Servicio del Transporte Público de la Ciudad de Puebla: Propuesta de Mejora de la calidad de vida de los usuarios en relación con su experiencia de viaje”, se señala que este medio de transporte se distingue por el modelo operativo que predomina en México denominado hombre-camión.
Dicho modelo se caracteriza por personas que de forma individual reciben una concesión del gobierno local para ofrecer el servicio de transporte público a pasajeros.
Los usuarios que participaron en este estudio señalaron que:
- Las personas realizan su parada con una cuadra de anticipación para descender del autobús, lo que indica que el tiempo para realizar el prototipo es el adecuado.
- El usuario cuando viaja se siente apretado e inseguro.
- Se quejan más por la forma de conducir del chofer que por los malos tratos.
-También señalan que las condiciones de trabajo en las que está sometido el conductor del transporte público, repercute en el servicio ofrecido al usuario, pues son presionados por checadores para cumplir con un tiempo de recorrido.
Por otra parte, investigadores de la misma casa de estudios señalan que este servicio público requiere de un reordenamiento de los derroteros a fin de otorgar un servicio equilibrado a la población, pues 6 de cada 10 poblanos usa el transporte.
Sobre todo, porque la mayoría de los usuarios se mueven de la periferia hacia el Centro Histórico.
Además, la movilidad en Puebla no es la adecuada, ya que los concesionarios se enciman entre ruta y ruta y a ello hay que sumar que las autoridades estatales no han dado seguimiento al servicio de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) también conocido como metrobús.
Otro de los comentarios de los usuarios es que usan el transporte por economía, sin embargo, el trato que reciben por parte del chofer no es cordial, además de que la conducción que realizan en los trayectos la consideran peligrosa.
Fue en el 2019, dos meses después de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta tomó posesión del cargo, cuando la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal publicó el Acuerdo por el que se autorizó el aumento a la tarifa vigente del Servicio Público de Transporte masivo y colectivo, tanto de la Zona Metropolitana de Puebla, como del resto del estado.
En ese entonces se autorizó un aumento de dos pesos y cincuenta centavos, para los vehículos destinados a dicho servicio en las modalidades de autobús, minibús y van, tanto de la Zona Metropolitana de Puebla, como del resto del Estado.
De esta manera el costo del pasaje pasó de 6 pesos a 8.50 pesos por persona.
También quedó intacta la tarifa publicada el 3 de enero de 2011, en la que se establece como preferencial la cantidad de 4 pesos a favor de adultos mayores, siempre cuando logren identificarse con el documento que emita la autoridad correspondiente.
Para todas aquellas personas con discapacidad, previa determinación que realice la autoridad competente, el servicio de transporte público es gratuito.
En caso de que dichas personas no cuenten con documento idóneo que los acredite como personas con discapacidad, pagarán la tarifa preferencial de cuatro pesos.
Sin embargo, pese a la autorización del incremento en la tarifa del transporte público, los concesionarios incumplieron con el compromiso de modernizar las unidades.
Fue en el verano del año pasado cuando Elsa Bracamonte González, secretaria de Movilidad y Transporte estatal, dio a conocer que de 36 mil concesionarios, sólo 400 colocaron cámaras de vigilancia, botones de alerta y GPS en sus unidades.
Además, reconoció que el 90 por ciento de las unidades del transporte público se encuentra en malas condiciones.
A estas irregularidades se suma que, con corte al 15 de enero de 2023, solo 14 unidades del transporte público han cumplido con el programa de Verificación Vehicular, el cual fue obligatorio para las mismas del 24 de octubre al 31 de diciembre de 2022.