En Puebla, 39 mil 172 personas se quedaron sin trabajo en el 2020, la mayoría a consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló que no sólo se perdieron fuentes formales de empleo sino que la generación de los mismos se redujo 75 por ciento en el estado.
María de Lourdes se sumó a esas estadísticas el pasado 28 de abril del 2021, cuando fue despedida de la tienda Tiara, donde vendía bisutería.
Ella, junto con sus compañeras Andrea y Vianney, acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la colonia Azcárate, para exigir sus derechos laborales, pues considera que su despido fue injustificado.
Las tres ex trabajadoras demandan el pago de su liquidación conforme a la ley, ya que sus empleadores solo les pidieron que firmaran una carta de renuncia a cambio de recibir 600 pesos como pago de liquidación.
En entrevista con El Universal Puebla, la señora Lourdes acusó que los administradores de la tienda cometen una serie de violaciones a la ley, pues en los últimos días han despedido a doce personas en las mismas condiciones.
La falta de pago de utilidades, horas extra, vales de despensa, domingos trabajados, no permitirles comer y no respetar la jornada laboral, son algunos de los atropellos que, dijo, se comenten en este establecimiento donde se emplea a cerca de 24 personas.
El argumento del despido de Lourdes –quien ganaba mil 300 pesos semanales- fue que tenía muchas faltas.
En cambio, Andrea y a Vianney, quienes se desempeñaban como cajeras, les dijeron que terminarían su contrato laboral por haber dinero faltante, el cual, les descontaron de su liquidación.
Las tres mujeres esperan que se haga justicia y que la empresa les pague lo que les corresponde por ley.
Este medio solicitó a la empresa su versión al respecto, pero un joven que dijo ser el gerente aseguró desconocer la situación y que los dueños vivían en la Ciudad de México.
Felipe Carrasco Fernández, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), informó que cuando un trabajador es despedido, tiene 60 días para presentar su demanda, ya sea ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
La demanda puede ser por Indemnización Constitucional por Despido Injustificado, que se traduce en el pago de 90 días, más sus proporcionales de las prestaciones que marca la ley como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad.
La otra opción que tiene un trabajador despedido es demandar la reinstalación, y para ello requiere irse a juicio.
En caso de ganar, el trabajador debe ser reinstalado y le deben pagar los salarios caídos durante el tiempo que haya durado el juicio.
El especialista explicó que debido a la pandemia también se han dado los despidos temporales o bien, prácticas como trabajar medio turno, unos días a la semana y la reducción del salario hasta del 50 por ciento, a cambio de no perder el trabajo.
Agregó que las personas desempleadas pueden disponer de un monto parcial de su Fondo de Ahorro para el Retiro, siempre y cuando tengan al menos dos años de cotización en el IMSS, tres años con una cuenta abierta, por lo menos 46 días sin trabajo formal y no haber realizado retiros durante 5 años.
La recomendación del abogado es que los trabajadores despedidos traten de acercarse a la empresa y lograr un acuerdo de manera voluntaria o recurriendo a dichas instituciones.