A unos días que se cumpla un año de la matanza de pobladores en Coyomeapan, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública estatal por la violación a los derechos humanos, a la verdad, a la integridad y seguridad personal de tres pobladores que perdieron la vida.
De la misma forma, la recomendación fue para el Ayuntamiento de Zoquitlán, por no brindar el auxilio necesario a los pobladores de Coyomeapan.
Fue el 9 de mayo de 2022 cuando en el municipio de Zoquitlán, Puebla, se enfrentaron policías del gobierno del estado -que entonces era encabezado por Miguel Barbosa Huerta-, contra pobladores de Coyomeapan, lo que dejó como saldo tres personas fallecidas -incluido un menor de edad- y seis lesionados.
A través de un comunicado, la CDH Puebla dio a conocer que acreditó la ejecución arbitraria de tres personas, así como afectaciones a otras siete por el empleo arbitrario de la fuerza pública, además de la omisión de prestar auxilio y preservar el lugar de los hechos, acciones atribuibles a elementos de la SSP.
En la recomendación 12/2023 se señala que la Secretaría de Seguridad Pública estatal violó el derecho humano a la vida en agravio de tres personas, además a los derechos a la integridad y seguridad personal por las afectaciones causadas a otras siete, así como a la seguridad jurídica y a la verdad por omitir prestar protección o auxilio y no preservar el lugar de los hechos, actos atribuibles a personal adscrito a dicha Secretaría.
En el caso del Ayuntamiento de Zoquitlán, el señalamiento es por la violación al derecho a la seguridad jurídica de las víctimas al acreditarse que una ambulancia de dicho municipio acudió al lugar de los hechos y los servidores públicos que la tripulaban no brindaron el auxilio.
La recomendación fue el resultado de la investigación que el 10 de mayo de 2022 inició la CDH Puebla por medio de un equipo multidisciplinario que acudió de inmediato a la zona para realizar diversas diligencias.
También se realizaron solicitudes de información a diversas autoridades, entrevistas a elementos policiacos y la consulta de las carpetas de investigación relacionadas.
“Esta Comisión Estatal realizó la valoración y análisis jurídico respectivo, por lo que pudo desvirtuar la versión de un enfrentamiento, acreditando que los servidores públicos no estuvieron ante los supuestos habilitantes del uso de la fuerza pública ni agotaron los niveles previstos para su uso, y no se encontraban realizando un patrullamiento; si no que arribaron al lugar de los hechos, esto es, al paraje conocido como Cobatzalco, a las 15:00 horas, por lo que tuvieron tiempo de planear la llegada de los tripulantes del vehículo, ocupando para ello puestos estratégicos”, se señala en el comunicado.
El organismo autónomo comprobó que los hechos sucedieron de manera deliberada, los agentes de la policía estatal los interceptaron y, sin indicaciones de por medio, abrieron fuego en su contra.
Al titular de la dependencia estatal también se le recomienda ofrecer una disculpa pública a las víctimas directas e indirectas; proporcionar atención victimológica, incluida la psicológica y/o tanatológica.
Además de iniciar la investigación o en su caso continuar con la integración del expediente administrativo respectivo para que en el momento procesal oportuno dicte la determinación; emitir los protocolos de actuación respecto del uso de la fuerza, con perspectiva de género y para niñas, niños y adolescentes y protección de los derechos humanos, así como los manuales de técnicas para el uso de la fuerza.
En el caso del presidente de Zoquitlán se le recomienda capacitar al personal que se hará cargo de la ambulancia asignada a dicho Ayuntamiento, capacitar a su personal en materia de derechos humanos y se dé vista a la contraloría municipal para el inicio de los procedimientos respectivos en contra de la síndica municipal, por haber emitido los informes de manera imprecisa y discrepante.
Cabe recordar que por este enfrentamiento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se pronunció tras conocer los hechos.
El 1 de junio de 2022 exigió fortalecer la investigación del caso, del cual consideró que hubo uso excesivo de la fuerza pública.