En Puebla es prácticamente nula la probabilidad de que un delito denunciado conduzca a la sentencia del responsable.
Solamente 0.08 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas en 2020 terminaron en sentencia, según lo encontrado en el seguimiento de 13 delitos, realizado por Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM).
El Observatorio Ciudadano reportó que el secuestro es el delito en el que la Fiscalía General del Estado logra más sentencias, al conseguirlas en 30 por ciento de los 27 secuestros investigados en Puebla el año pasado.
Sin embargo, el resto de los hechos delictivos analizados presentan porcentajes mínimos de sentencias, pese a tratarse de crímenes graves como homicidios dolosos, feminicidios, violaciones y robos con violencia.
De las 52 carpetas de investigación iniciadas en torno a feminicidios, en 2020 sólo una terminó en una sentencia, es decir, casi 2 por ciento.
Mientras que únicamente 11 homicidios dolosos del total de 873 averiguados, consiguieron una sentencia, lo que representa el 1.26 por ciento.
En una tercera parte de las carpetas de investigación iniciadas, la Fiscalía determinó el “no ejercicio de la acción”, lo cual ocurre “cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el Código”.
Los datos encontrados por el observatorio arrojan que la falta de sentencia no es porque la Fiscalía haya optado por la “facultad de abstenerse de investigar”, por encontrar extinguida “la acción penal o responsabilidad penal del imputado”, o por enviar las investigaciones al archivo temporal ni al definitivo, dado que estas situaciones sólo cubren 5 por ciento de las carpetas iniciadas.
“Si el delito no tiene la atención ni el seguimiento oportuno dentro de la procuración de justicia, el proceso para la reducción del delito será lento, limitando el trabajo de seguridad en los municipios“, apuntó el organismo.
Los cinco delitos que más se denunciaron en 2020 son los de robo con violencia, robo de vehículo, violencia familiar, robo a negocio y asalto a transeúnte, en ese orden.
“Las debilidades de logística observadas en algunas fiscalías y/o ministerios públicos aún persisten y justifican que el ciudadano tenga desinterés por denunciar”, concluyó el observatorio.