El pasado 17 de junio la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en la Ciudad de México informó que de la junta especial con sede en Puebla, sus expedientes que se encuentran en la fase procesal de inducción deberán ser tramitados a la junta especial de Tlaxcala, mientras que los expedientes que se encuentren en la fase de dictamen, laudo y ejecución serán tramitados en la junta especial de Oaxaca.
Esta medida provocó que desde hace unos días abogados laborales encabezaran protestas y hasta bloqueos frente a las instalaciones de la JFCA que se ubica en la calle 31 Poniente y 29 Sur, en la ciudad de Puebla.
Al respecto, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, expresó que también está en desacuerdo que los expedientes de las demandas laborales de los poblanos se transfieran a otros estados.
“Si me preguntan si estoy de acuerdo, por supuesto que no estoy de acuerdo. Ya hablé con el secretario Marath (Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social) y le dije que; primero, no teníamos ningún tipo de comunicación al respecto de cuándo y cómo se iba a generar y; en segundo lugar, acordamos con él que la Secretaría de Gobernación pudiera encabezar una serie de diálogos y pláticas con los inconformes y también con el gobierno federal”, explicó.
Céspedes Peregrina dijo que su administración tiene toda la disposición para generar las mejores condiciones y, de que si es un acuerdo que ya viene, que se dé de forma paulatina, pero que los poblanos liquiden sus expedientes en Puebla.
También comentó que la agilidad de los procesos igual dependerá de las instancias, los litigantes, con las partes, para que se desahoguen lo más rápido posible, “porque muchas veces resulta mejor negocio para los abogados, porque entre más alargan, más se genera y luego a los beneficiarios no se les da. No es en todos los casos, pero sí es importante dejarlo muy claro”.
El retiro de las oficinas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es una decisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y obedece a la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral que se aprobó en el 2019.
Dentro de sus artículos transitorios se establece la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto a nivel federal como estatal, una vez que concluyan su rezago.
