El caso de Verónica Inés Barbosa Pérez, de 49 años de edad, la mujer que, al tratar de devolver un celular a su propietario en Tehuacán, Puebla, fue acusada de secuestro, es peculiar. Representa un precedente negativo para todas las personas que pueden enfrentar una situación similar al encontrar un teléfono, credenciales o documentos de otra persona.
Verónica Inés estuvo retenida, de acuerdo con datos extraoficiales, durante 48 horas. Finalmente, el lunes 21 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no ejerció acción penal contra Verónica Inés Barbosa Pérez.
El abogado Víctor León Rueda, quien apoyó a la familia de Verónica Inés, informó que ella ya se encontraba en casa.
Expresó, en un mensaje difundido en redes sociales: “me es grato informar que Verónica Inés está en libertad, la @FiscaliaPuebla no ejerció acción penal en su contra. Gracias a familiares, amigos, medios de comunicación y al equipo de abogados defensores, y a toda la sociedad que estuvo pendiente de este tema de justicia en Puebla”.
En general, el esposo de Verónica Inés, Alejandro Ponte Feria, hizo público el caso ante el riesgo de que fuera presentada ante el juez de control para la imputación del delito de secuestro.
Finalmente, al interior de la Fiscalía General del Estado se reconsideró la situación y no se presentaron cargos.
La Fiscalía Especializada Antisecuestro intentó vincular a Verónica Inés a proceso luego de que ella devolviera un teléfono celular que encontró perdido en Tehuacán. En principio, trascendió que sería acusada por su eventual participación en un secuestro.
Verónica Inés y su esposo caminaban la noche del viernes por calles de la junta auxiliar de Santa María Coapan, en Tehuacán, y al pasar por unas canchas vieron un celular tirado, un iPhone 14 Pro Max.
Tras el hallazgo, Verónica optó por enviar mensajes a los grupos de WhatsApp del propietario para avisar que había encontrado el celular y que buscaba devolverlo a quien demostrara ser el verdadero dueño.
El sábado por la tarde, policías acudieron al trabajo de la mujer para detenerla en medio de un fuerte dispositivo. Ante ello, su esposo, Alejandro Ponte, dijo que durante horas desconocieron el paradero de su esposa.
Durante la noche les informaron que estaba acusada de participar en un secuestro, ya que el teléfono pertenecía a una persona que había sido levantada. Verónica fue trasladada a las instalaciones de la FGE en la ciudad de Puebla.
Junto con familiares, decidieron hacer público el caso con el propósito de lograr su liberación. El único punto que llama la atención es por qué el teléfono no tenía clave de acceso o bloqueo, y cómo se lograron enviar los mensajes en su caso.