Ni de chiste pueden quedárselas. Las autoridades no pueden disponer de las drogas que incautan mediante operativos.
En el país, incluida la entidad poblana, el destino de estos estupefacientes ya está marcado por la ley.
Cuando ocurre el decomiso, las autoridades los trasladan en primera instancia a bodegas que ya tienen establecidas y resguardadas.
Tras evaluarla, venden la droga con fines médicos a empresas autorizadas por el gobierno.
También optan por donarla con fines de investigación y académicos a instituciones educativas del estado.
Si son solventes orgánicos, las autoridades se los entregan a empresas petroleras que las reinyectan en los procesos de refinación del crudo.
En caso de que los estupefacientes sean comercializados, las ganancias se van a la mejora de los equipos antidrogas del país.
Cuando los estupefacientes no son vendidos ni donados, las autoridades los queman a cielo abierto de manera controlada.
Los elementos de las corporaciones de seguridad tienen prohibido quedarse con algún narcótico durante los decomisos.
En caso de que lo hagan y sean detectados, serían procesados y acusados por los delitos de daños contra la salud, como cualquier ciudadano.
De acuerdo con la ley, se castiga con 10 a 25 años de prisión y de 100 a 500 días de multa por la:
- Producción, transporte, tráfico, comercio, suministro o prescripción de cualquiera de las sustancias ilegales.
- Introducción o extracción de narcóticos del país, incluyendo el intento frustrado cuando se desprenda claramente que esta era la voluntad del infractor.
- Financiación, colaboración, supervisión o fomento que posibiliten o faciliten la comisión de cualquiera de los delitos de este capítulo.
- Realización de actos de publicidad o propaganda para el consumo de cualquiera de las sustancias nocivas.