El uso excesivo de la fuerza, llevado al extremo de la violencia en contra de cualquier ciudadano, independientemente de su profesión y el momento en que suceda por parte de un elemento de seguridad, transgrede el lindero de lo permisible como parte los protocolos fundamentales de actuación de los cuerpos policiacos.
Lo anterior, por ejemplo, como se registró este martes 31 de enero, cuando un granadero agredió a un fotoperiodista y la derribó, cuando cubría el desarrollo de una manifestación en las inmediaciones de Casa Aguayo.
En este caso, la primera opción fue la denuncia vía redes sociales, respaldada con el video que de inmediato se viralizó y derivó en una respuesta de la administración estatal a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Pero en cualquier otro caso, lo crucial es contar con información lo más precisa posible sobre los hechos, fundamentalmente el nombre o número de placa de los elementos policiales.
Además, por supuesto, de la unidad que utilizaban, el sitio en donde se realizó el hecho, así como una reseña completa del suceso. Y si es posible tomar fotos o video de lo ocurrido.
Un elemento importante es que todos los elementos de la policía están obligados a proporcionar su nombre y número de placa, aunque los números de sus unidades y placas siempre están visibles.
¿Cómo denunciar?
La primera opción es acudir a la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, que en su caso debe tomar conocimiento del caso e iniciar la investigación correspondiente.
Otra alternativa es vía electrónica, a través del portal denuncia089.puebla.gob.mx.
En estas dos opciones se puede denunciar, de manera anónima, delitos como abandono de persona, abuso de autoridad, electorales, extorsión, homicidios, maltrato de menores, narcomenudeo, peleas clandestinas de animales, robo en diversas modalidades, venta ilegal de combustible y violencia familiar.
En términos generales, las fuerzas de seguridad incurren en el abuso de autoridad cuando se apoyan en la violencia y hacen un uso desmedido de sus atribuciones.
Un caso recurrente por desgracia se configura cuando la policía detiene a alguien sin justificación y no permite que se exprese o se defienda.
