Una de las modalidades más recurrentes de violencia contra la mujer es la económica. Pero ¿qué es y cómo se sanciona en Puebla?

El término se define en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla que se creó en 2007 y que se reformó en 2019, 2020 y 2023.

La actualización más reciente del término señala cómo se puede ejercer la violencia económica y la forma como se ven afectadas las víctimas.

"Es toda acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; también se considera como tal el incumplimiento de la obligación alimentaria”, señala la ley.

Por su parte, el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla señala sanciones generales contra la violencia en la familia que, entre otros aspectos, hace mención a la violencia económica y patrimonial.

“Se considera como violencia familiar la agresión física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada que se ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma, con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que puedan producir afectación orgánica”, explica el código.

Esto quiere decir que la violencia económica sucede cuando la pareja no da dinero para el gasto familiar, cuando se le impide trabajar a la mujer, cuando se niega la pensión,  cuando se toma dinero de la otra persona sin su autorización o cuando se le quitan los ingresos al principal sostén, entre otras situaciones.

El texto agrega que la violencia familiar puede ser ejercida por diferentes miembros de la familia y cobra una relevancia distinta cuando se ejerce contra las mujeres, pues además se pueden sumar medidas cautelares como proteger los bienes.

En cuanto a las sanciones en general se imponen de dos a ocho años de prisión y multas de 50 hasta 200 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) que en 2023 impidan montos de 5 mil 187 a 20 mil 748 pesos.

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