A partir del 31 de marzo entró en vigor la prohibición de venta de comida chatarra en escuelas de México. Sin embargo, surge la duda sobre si esta medida también afecta a los vendedores ambulantes que continúan ofreciendo productos ultraprocesados como papas, refrescos y dulces en las inmediaciones de los planteles.
Por ello, el Congreso de Puebla busca cerrar esta posible laguna en la normativa. La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, anunció que se promoverá un exhorto para que los gobiernos municipales del estado impidan la instalación de ambulantes que vendan comida chatarra en las inmediaciones de las escuelas.
García Chávez destacó que, aunque la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz representa un avance en la lucha contra la obesidad infantil, su impacto es limitado si los menores aún pueden adquirir estos productos en los alrededores de sus escuelas.
La diputada subrayó que la responsabilidad de regular el comercio informal en la vía pública recae en los 217 municipios del estado, por lo que es fundamental que los ayuntamientos implementen medidas para impedir la venta de productos como chicharrines, dulces y refrescos en zonas escolares.
“Haremos un llamado a todos los presidentes municipales para que, en un trabajo conjunto con el gobierno federal y estatal, evitemos que los ambulantes vendan estos productos cerca de las instituciones educativas”, puntualizó la legisladora.
Multas a escuelas y regulación estatal
Cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció multas de hasta 100 mil pesos para las escuelas que incumplan con la normativa de venta exclusiva de comida saludable.
Por su parte, García Chávez mencionó que la Secretaría de Educación del gobierno estatal también debería intervenir para definir una distancia mínima que los ambulantes deben respetar al instalarse cerca de los planteles.
El Congreso del Estado considera que la lucha contra la obesidad infantil debe abordarse de manera integral, con la colaboración de autoridades federales, estatales y municipales, así como la participación de los padres de familia.
Con estas medidas, se busca reforzar la prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas y evitar que los menores de edad tengan acceso fácil a productos poco saludables fuera de sus planteles.
