María Teresa Castro Corro, secretaria de Finanzas, explicó que en el 2015 el gobierno del estado contrató un despacho de asesoría fiscal que recomendó pedir al Sistema de Administración Tributaria (SAT) la devolución de impuestos correspondientes al 2009 y al 2010.
La suma de esas dos devoluciones fue en el 2016 por el orden de 702 millones de pesos, del cual se le pagó un porcentaje al despacho de asesores.
Sin embargo, en el 2018 el SAT señaló que la devolución fue incorrecta porque fue sustentada en una disposición retroactiva del 2008, cuando el gobierno del estado de Puebla se adhirió a las disposiciones fiscales en el 2011.
Al no tener el gobierno del estado de Puebla la legalidad, el SAT lo tomó como un acto de dolo ante la autoridad y lo determinó como un crédito fiscal, el cual se tenía que pagar o litigar. En ese entonces, el gobierno estatal determinó litigar, proceso que se llevó desde 2018 hasta 2023, explicó la funcionaria.
De esta manera, de un pago de 702 millones se llegó hasta la suma de 2 mil 600 millones de pesos, mismos que el gobierno del estado determinó liquidar.
“No cubrir obligaciones fiscales es un acto penal y como gobierno no estamos exentos. Si tenemos una resolución de autoridad competente, hay que cumplirla. Se determinó el pasado 5 de abril dar cumplimiento a este proceso y se pagó 2 mil 600 millones de pesos. Nos hicieron una quita porque de los 2 mil 700 terminamos pagando 2 mil 600 millones de pesos”, precisó.
Señaló que al no estar previsto este pago, se generó una presión de gasto a la entidad, pero aseguró que se van a cumplir con programas y estrategias presupuestarias para este año con una disciplina de austeridad.
Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que iniciarán todas las acciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de los ex funcionarios responsables por un manejo indebido de los recursos.
“Es un tema lamentable para Puebla y estaremos acudiendo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública y ante la federación para poder obtener mayores recursos para el estado”, insistió.
Dejó en claro que no se tiene contemplada la contratación de deuda para subsanar los recursos pagados al gobierno federal debido al buen manejo financiero en su administración.