La titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado de Puebla, María Teresa Castro Corro, deberá comparecer ante el Congreso el próximo jueves 1 de junio por el boquete financiero de más de 600 millones de pesos generado por una inversión realizada en Accendo Banco.
Así lo aprobaron los diputados locales en la sesión ordinaria de este 25 de mayo, luego de que a mediados de abril, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentara un exhorto.
Posteriormente, el mismo sumó el respaldo del ala crítica que representan cuatro diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
De acuerdo con lo adelantado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López, será el lunes 29 de mayo cuando en ese grupo de trabajo se defina qué características tendrá dicha comparecencia.
En el acuerdo entre representantes de fuerzas políticas se definirán los tiempos y los procesos tanto para hacer cuestionamientos, como para recibir las respuestas y contra réplicas.
Fue en 2021 cuando la administración a cargo del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta realizó una inversión de más de 600 millones de banco de pesos en el banco que hoy está en bancarrota.
En marzo de ese mismo año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtió en una alerta que era una institución con irregularidades que no garantizaba las inversiones.
Esto derivó en que el 28 de septiembre de 2021 se le revocara la licencia por malas prácticas que afectaron el Índice de Capitalización e incluso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalara que no se había actuado conforme a procedimientos legales.
A decir de los diputados panistas que impulsaron la comparecencia de María Teresa Castro, la inversión se realizó a pesar de las primeras advertencias sobre irregularidades y riesgos con este banco. El retiro de permisos derivó en procesos legales para dar garantías a los acreedores afectados que hicieron inversiones.
Así, el 9 de marzo de 2023 se concretó una sentencia en la que se señaló que Accendo Banco debía 5 mil 840 millones 892 mil 324 pesos a 407 acreedores, incluyendo el gobierno de Puebla.
En la resolución, los magistrados previeron una clasificación en la que se dio prioridad de liquidación a inversiones que estuvieron relacionadas con salarios y créditos laborales.
Sin embargo, la deuda que se hizo con la administración de Puebla se encuentra en un bloque de menos prioridad y en él se reconoce un adeudo por 604 millones 996 mil 131 pesos.
A la par de rebelarse la inversión con la institución en bancarrota, se difundió que la Secretaría de Planeación y Finanzas había hecho un pago de 2.6 millones de pesos por una deuda heredada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) que creció mientras se peleaba su legalidad.
Sin embargo, por los mecanismos previstos entre los gobiernos fue posible recuperar 900 millones de pesos del monto pagado y esto lo confirmó el pasado 5 de mayo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.
