A unas horas de que se discuta en el pleno del Congreso local la iniciativa de Ley en materia de personas desaparecidas en Puebla, más de 70 organizaciones, colectivos y espacios académicos pidieron mejorar dicha legislación.

A través de un desplegado, organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos de la Ibero Puebla y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, exhortaron a los legisladores, entre otros puntos, a cambiar el nombre de la iniciativa.

Precisaron que el proyecto de dictamen que se titula Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla invisibiliza el fenómeno de la desaparición.

Además, pidieron sujetar la actuación de todas las autoridades involucradas en la ley a los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas aprobados por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

Ello debido a que en el dictamen se les menciona únicamente una vez y sólo para efectos de capacitación, no para asegurar que las autoridades se conduzcan en apego a esos preceptos.

De igual forma, solicitaron garantizar la participación de los familiares en el proceso de designación del titular de la Comisión de Búsqueda, en la conformación de los grupos de trabajo que debe coordinar esta instancia, en la integración del Consejo Ciudadano, en el capítulo de búsqueda de personas y en el catálogo de derechos que reconoce el proyecto.

También pidieron reconocer los derechos básicos de las víctimas directas e indirectas. En concreto, la presunción de vida en el caso de las personas desaparecidas, y el derecho a recibir un trato digno, así como a que se respeten usos y costumbres al localizar y entregar cadáveres y restos humanos.

Adicionalmente, hicieron un llamado para incorporar pautas forenses de carácter multidisciplinario para la identificación humana.

También solicitaron crear un fondo específico para combatir el fenómeno de la desaparición de personas en el estado, comprometiendo un porcentaje del presupuesto de egresos para ello.



“Un verdadero compromiso con este problema y, sobre todo, con las víctimas, no puede minimizar estos asuntos. El dictamen puede ser mejorado. Aún hay tiempo”, señalaron.


Las organizaciones, los colectivos y los espacios académicos firmantes en el pronunciamiento señalaron que, si bien es importante que el Congreso de Puebla cumpla con su obligación de armonizar el marco jurídico con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, no se pueden ignorar avances y derechos fundamentales en este terreno.
 

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