En Puebla debe haber claridad sobre los requisitos del programa federal de preliberación de reos a fin de evitar que haya una mala práctica.
Así lo señaló Rubén Alberto Curiel, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla, quien opinó sobre el decreto que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el 29 de julio para liberar a presos sin sentencia, mismo que se replicará en el estado por instrucciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Señaló que se tienen que revisar minuciosamente cada uno de los expedientes para determinar qué preso cumple con las especificaciones para obtener el beneficio de la preliberación.
“Por ejemplo, deben ser beneficiados aquellos a quienes no se les ha determinado su culpabilidad ni su inocencia pero que cometieron delitos menores”, explicó.
“También nos encontramos a personas que están en una situación especial o en vulnerabilidad, como son los mayores de 69 años, 70 u 80, y que están dentro de un Centro de Reinserción Social”, añadió el académico.
Rubén Alberto aclaró que el programa no es para liberar a delincuentes peligrosos como la gente piensa, sino únicamente para aquellos reclusos que cometieron un delito menor, que no han sido sentenciados durante muchos años, que son adultos mayores o que están enfermos.
“La lógica de mucha gente es que los van a sacar y van a delinquir, pero una persona de 75 años que inclusive tiene enfermedades terminales, por obvias razones no va delinquir”, consideró.
El coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Ibero Puebla explicó que esas personas que tienen derecho a la libertad anticipada están en prisión porque se vulneraron sus derechos humanos o hubo una mala práctica de los abogados de oficio.
De esta manera, Rubén Alberto calificó como positivo el programa porque terminará con las injusticias.
“Por su diseño es más positivo que negativo porque socialmente México no ha dado el gran salto para entender que el derecho penal no es únicamente para meter a las personas a la cárcel”, dijo.
La Secretaría de Gobernación del Estado señaló que los requisitos para la preliberación de los reos con delitos menores son los siguientes:
• Se presenta la solicitud, denominada incidente, ante los jueces de ejecución, que en primer lugar piden el pago de la reparación del daño y la multa.
• Para la libertad anticipada deben haber cumplido el 70% de la pena o un sustitutivo penal, que aplicaría por edad avanzada, senilidad o enfermedad grave que no se pueda tratar en el Cereso.
• Ante la Dirección de Ejecución de Medidas y la Dirección de Ceresos se entrega la partida jurídica, integrada por la sentencia ejecutoriada, la segunda instancia o amparo; además de una evaluación de riesgo; la partida jurídica; redes de apoyo, entre otros requisitos.
Con esos elementos, el juez de ejecución determina si se aprueba la liberación.
• Las excepciones son por delitos de:
a) Secuestro.
b) Trata de personas.
c) Delincuencia organizada.
• También se hace una evaluación de riesgos a través de un equipo interdisciplinario que estudia al reo, a la víctima y a los testigos. Se evalúa si existe riesgo para la sociedad y si cuenta con las herramientas para reinsertarse en la misma, así como un sistema de apoyo en caso de que estén enfermos. Se lleva a una votación y se determina el riesgo.
EL UNIVERSAL PUEBLA solicitó a la dependencia información sobre cuántos de los reos que se encuentran en las cárceles poblanas serían los beneficiados o si ya empezaron a revisar sus expedientes, pero no hubo respuesta.
