En 2004, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia.
Esta efeméride surgió a raíz de que en 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad dentro de la clasificación internacional de enfermedades mentales.
Además, el propósito de esa fecha es fomentar una cultura de igualdad y justicia, antes que una de odio y represión a las personas que forman parte de la comunidad LGBTTIQ+.
Sin embargo, en Puebla como en otras ciudades se han dado casos homofóbicos que no enorgullecen ni representan a todos los habitantes.
Algunos de los casos que han dado nota son los siguientes.
Paseo de San Francisco
El más reciente se vivió el pasado 12 de mayo cuando una pareja de jóvenes gay denunció que el guardia de seguridad del centro comercial Paseo de San Francisco los corrió del lugar “por dar una mala imagen” al establecimiento.
Luego de denunciar este caso de discriminación, la administración de la plaza despidió al trabajador por haber tomado una decisión personal.
Agnes Torres
Uno de los primeros casos que sacudieron a la sociedad en Puebla fue el de Agnes Torres, activista asesinada el 9 de marzo de 2012.
Gracias a su lucha a favor de los derechos humanos, en el 2021 el Congreso del Estado aprobó reformas en materia civil para el reconocimiento de la identidad autopercibida.
A las personas responsables de su asesinato se les imputaron los delitos de homicidio calificado y robo de vehículo con violencia, pero no se consideró como un caso de homofobia a pesar de reunir todos los elementos.
Bachilleres de Acatzingo
En el 2015, una mujer presentó una queja en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla plantel F-21 en Acatzingo, porque su sobrino era discriminado por la directora del plantel debido a que es homosexual, además de que lo ignoraba y le gritaba a pesar de tener buenas calificaciones.
Janeth Palacios
El 27 de febrero de 2022 también se conoció en los medios de comunicación el caso de la activista trans Janeth Palacios.
Ella denunció agresión física por parte de propietarios de una tienda de conveniencia en la junta auxiliar La Libertad, en el municipio de Puebla, a la cual acudió a comprar algunos productos después de asistir a las fiestas de carnaval.
Tras presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, esperaba que fuera atendida por la Agencia Especializada para la atención de delitos en contra de personas LGBTI, pero el personal registró la denuncia por el delito de robo sin tomar en cuenta las agresiones físicas ni el acto de discriminación que sufrió debido a su identidad de género.
Juzgado cuarto civil
En abril de 2022 se presentó un episodio más de homofobia y tuvo lugar en el Juzgado Cuarto del Registro Civil en la ciudad de Puebla.
A una pareja gay se le negó su acta de matrimonio, a pesar de haber realizado todos los trámites previamente, bajo el argumento de que estaban impedidos para casarse por ser portadores de VIH.
La jueza argumentó su negativa en el artículo 299 del Código Civil del Estado de Puebla, fracción VIII que a la letra dice que son impedimentos: “el alcoholismo crónico, la impotencia física incurable para entrar en el estado matrimonial o cualquier enfermedad que sea además contagiosa y hereditaria”.
Cabe señalar que en Puebla, desde 2020 la Fiscalía General del estado cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad LGBTTTIQ +.
Esa área es la responsable de recibir las denuncias de delitos cometidos en contra personas de la comunidad.
Durante el primer año de operación se recibieron 95 denuncias de delitos cometidos en contra de personas de la comunidad, siendo las amenazas las de mayor incidencia, seguido por el robo, violencia familiar, lesiones dolosas, abuso sexual, violación, discriminación y violación a la intimidad sexual.
Así como acoso sexual, ciberacoso, extorsión, ataques peligrosos, despojo, fraude, homicidio doloso, hostigamiento sexual, lesiones culposas, ultrajes a la moral pública y violación equiparada.
