Una tierra de nadie es el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel que se ubica en la capital poblana.
Aunque el gobierno del estado ha destituido en al menos dos ocasiones a los directivos en lo que va de la administración, la situación al interior no ha cambiado.
Uno de los principales problemas del penal son las múltiples riñas que se registran al interior entre reos, como la ocurrida el 28 de diciembre de 2020.
En esa ocasión, cerca de 15 internos se manifestaron para que las autoridades reanudaran las vistas debido a que desde abril las cancelaron por la contingencia provocada por el Covid-19.
Como el resto de la población penitenciaria se negó a unirse a su petición, iniciaron una riña.
Tras la trifulca, resultaron cinco heridos y un hombre que murió mientras era atendido por los médicos.
Por lo anterior, un gran número de policías estatales se movilizó al Cereso ubicado en la colonia Lomas de San Miguel de la capital poblana, para controlar la situación.
Dos días después, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla abrió una investigación.
Indicó que daría a conocer lo que resultara de su indagatoria e integró el expediente 5482/2020, pero hasta el momento no ha emitido ninguna recomendación.
Además, señaló en esa ocasión que vigilaría que se respetaran y protegieran los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, lo cual no ha ocurrido debido a que continúan las riñas, de acuerdo a lo declarado a EL UNIVERSAL PUEBLA por los familiares de los internos, quienes les han comentado que temen por sus vidas.
“La situación al interior del Penal de San Miguel cada vez está peor porque continúa la violencia y las peleas que ponen en riesgo a nuestros familiares. Mi hermano está cumpliendo una condena por un delito menor y nos ha dicho que ha recibido golpizas por parte de los internos sin deberla ni temerla”, dijo el familiar de un preso.
Otro familiar aseguró que unos internos -de quienes no proporcionó sus identidades-, serían los integrantes de la banda de “El Cachibombo” y según lo revelado por una fuente ministerial, cobran cuotas a la población penitenciaria por protección.
“Ese grupo de gente pide dinero para que no les hagan daño a los internos y, si no les pagan, los amenazan de muerte y obvio los golpean. Hay veces que hemos tenido que conseguir el dinero para que, en mi caso, mi hermano se los dé y no le hagan daño, de verdad que es de miedo lo que se vive ahí”, lamentó.
Ambos entrevistados coincidieron en que las autoridades estatales tienen que tomar, de una vez por todas, el control del Cereso para que se acaben todos los abusos.
Otro de los casos que ocurren al interior son las fiestas que realizan los internos con la tolerancia de los custodios.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló a principios de este 2021 que en la cárcel estatal se realizaban celebraciones con la autorización de las autoridades penitenciarias los viernes, sábados y domingos del 2019.
Además, agregó, prostituían a las internas debido a que las llevaban al área varonil para que tuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero.
Por lo anterior, el organismo emitió una serie de recomendaciones y le pidió al entonces secretario de Seguridad, Raciel López Salazar, que iniciara las investigaciones administrativas correspondientes contra los funcionarios involucrados.
No obstante, el funcionario fue destituido de su cargo como titular de la SSP estatal sin cumplirlas ni deslindar responsables.
Tras la salida de López Salazar, el pasado 16 de abril, el gobierno estatal anunció cambios de directivos en el Cereso.
De acuerdo con una fuente cercana a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la dirección del penal de San Miguel ahora está a cargo de Jorge Gómez.
