El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, indicó que no se permitirán bloqueos de carreteras ni toma de casetas en el estado y pidió a la ciudadanía recurrir a las vías legales para solucionar los conflictos.
Aseguró que desde que inició su administración en el 2019 estableció una coordinación con el gobierno federal, y se establecieron protocolos contra quienes realizan ese tipo de acciones de protesta.
En videoconferencia, el mandatario estatal explicó que en dichos protocolos se estableció el tiempo que se puede dar a los manifestantes en bloqueos de carreteras; así como no usar armas y ningún mecanismo que provoque mayor violencia.
“Hace tiempo que no actúan acá los toma casetas. Las personas que lo hacían eran profesionales que venían de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, gente que no tenía movimiento ni causas, que se dedicaba a vivir de cobrar el peaje”, comentó.
Barbosa Huerta también reconoció que es una realidad y existe gente que toma las avenidas o las carreteras, porque de todo quieren manifestarse, y los alcaldes dejan la solución al gobierno del estado.
“Ya establecimos protocolos, inmediatamente que inicia un bloqueo llegan los delegados de Gobernación para conocer de qué se trata, y tienen que ser actuaciones de los ayuntamientos, pero nos lo dejan al estado”, expresó.
En tanto, a la ciudadanía le pidió un nivel de concientización y de respeto al cumplimiento de la ley, y que acudan a las autoridades competentes para que su inconformidad se traduzca por las vías legales.
Lo anterior lo expresó luego que el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación, y en la que se establecen penas de hasta con 7 años de prisión a quienes tomen casetas o bloqueen carreteras.
La reforma que a partir de hoy entra en vigor señala que: “A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.