Con la presencia documentada de al menos cuatro cárteles en Puebla y evidencias de que el crimen organizado ha permeado a autoridades de los tres niveles de gobierno, la entidad comparte características del narcoestado y el narcogobierno.
Así lo expone el abogado y especialista en seguridad Max Morales Martínez, quien detalla que si bien las cifras oficiales buscan distraer estos hechos, hay estudios en Estados Unidos, el Senado mexicano e instituciones como la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que lo sustentan.
"Tendremos que partir primero de estudios recientes, no los estudios oficiales maquillados. porque normalmente estos estudios lo que pretenden es tratar de presentar la mejor imagen pública hacia la sociedad, de que en cada estado no pasa nada, que todo está muy bien, que vamos progresando, que vamos creciendo", dijo en entrevista.
El también especialista en secuestros y liberación de rehenes, recordó que el país vecino ha señalado que las condiciones del narcoestado y el narcogobierno se observan en al menos el 75 por ciento del territorio nacional.
Además de Puebla, entre estas entidades se encuentran Baja California Norte, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
En tanto que, otros estudios como los del Senado y la UDLAP reconocen que en Puebla hay presencia de los cárteles del Pacífico, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el de los Beltrán Leyva, además de que se trata de un estado estratégico para el paso de mercancías.
"En el caso de Puebla se considera un estado de paso estratégico para toda la cuestión del comercio, en este caso entre el Golfo y la ciudad, el Golfo y en algunos de los estados limítrofes", detalló.
La entidad, agregó, padece también los altos índices de otros delitos del crimen organizado como el robo a transporte de carga, trenes e hidrocarburos, siendo para Morales Martínez este último donde más se observa qué tanto está involucrado el gobierno.
El especialista hizo énfasis en la participación que se tiene de los mismos funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como las policías municipales, estatales y federales que, por un lado facilitan y encubren las actividades delictivas, mientras que por otro obtienen participaciones económicas en una cadena de derrama.
"El huachicoleo es un negocio ilícito en el cual participan no solamente los delincuentes que hacen la extracción, sino participan las autoridades encubriendo estas actividades, se estima que desde el propio Pemex", explicó.
Aunque Morales Martínez señala que hay diferencias entre los capos de los cárteles de narcotráfico y los que controlan el robo de hidrocarburos o trenes, coinciden en ser factores reales de poder y en operar con infraestructuras de violencia.
En el caso específico del robo de hidrocarburos expuso cómo en la práctica se controla a las mismas gasolineras para que compren producto robado para garantizar su seguridad y patrimonio.
Al final, comentó, esto impacta en la seguridad y en otros factores de riesgo que ya se observan en Puebla como la operación de bandas que operan a la luz del día y que se han especializado en robos como los de relojes de alta gama.
Desde la perspectiva del especialista sí hay posibilidades de cambio, pero esto implica dejar políticas públicas como la de abrazos no balazos o el no tocar las plazas como se ha visto a nivel federal, así como que a nivel de los estados, los gobernadores atiendan problemas locales.
