La instalación de empresas mineras en Puebla, más allá de generar beneficios para las comunidades, ha provocado inconformidades por parte de los pobladores, principalmente en las sierras Norte y Negra del estado
En diversos momentos, los habitantes denunciaron irregularidades de autoridades y de las mismas empresas mineras, que van desde los permisos de suelo fuera de la legalidad hasta desabasto de agua y contaminación del medio ambiente.
En el municipio de Ixtacamaxtitlán, comunidades se organizaron y formaron la Unidad Indígena Totonaca Nahua (Unitona) para denunciar el Proyecto Ixtaca, de la empresa Minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals.
El proyecto consiste en la extracción de minería a cielo abierto para obtener oro, una actividad que los comuneros hacen responsable de daños y contaminación a las zonas rurales.
La denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue el 6 de agosto de 2021 porque la minera inició tareas de exploración sin contar con los permisos correspondientes.
La misma situación se presentó con el proyecto Espejeras, donde pobladores de los municipios de Tetela de Ocampo, y de la comunidad de Xochicuautla, del municipio de Ahuacatlán, señalaron afectaciones a 10 mil 600 hectáreas de bosque.
En ambos casos, los grupos organizados puntualizaron que por la minería a cielo abierto, el agua que llega a las viviendas de la zona es sucia pues los empleados de las minas usan cianuro para separar el oro de otros minerales, lo que envenena el agua y la tierra, y provoca devastación de la vida animal y vegetal.
Para el trabajo de las minas se requiere de la construcción de hidroeléctricas, lo que representa que cerca de 50 ciudades rurales en el estado vivan un desabasto del vital líquido.
Explicaron que las hidroeléctricas necesitarían de más de 5 millones de litros de agua diarios para su funcionamiento, lo que condenaría a la comunidad indígena de Ixtacamaxtitlán a vivir sin agua.
Otro proyecto de minería de oro y plata fue de la empresa JDC Minerals, en el municipio de Zautla, que finalmente la comunidad frustró.
A las protestas en contra de las minas en Puebla se sumaron integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua, El Agua y la Vida Atcolhuac, las organizaciones civiles Tiyat-Tali, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), entre otros.
En el caso de la Sierra Negra de Puebla, las polémicas fueron generadas por la Minera Autlán Frisco y la estadounidense Living Water International.
Desde hace seis años, se mantiene la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, de la minera Autlán, en el municipio de Zoquitlán, donde el megaproyecto se encuentra detenido, pero no cancelado.
Los pobladores indígenas mantienen una férrea oposición a la construcción de la hidroeléctrica porque afectaría de manera directa a los habitantes de los municipios de Zoquitlán, Santa María Coyomeapan y Tlacotepec de Díaz.
En esta región participan en la defensa del territorio integrantes del Movimiento de Autogestión Indígena Zapatista (MAIZ), Movimiento de Agrario Campesino, Indígena y Popular (Macip), y la Comisión de Derechos y Laborales del Valle de Tehuacán.
En el caso de Living Water, los pueblos indígenas de Ocotepec informaron que las intenciones de la organización estadounidense es poner en marcha 132 proyectos en el estado de Puebla, para la inversión privada en agua.
En tanto, en el municipio de Libres, el 25 de febrero de 2021, el Cabildo votó a favor de no autorizar permisos de uso de suelo para cualquier proyecto minero y se declaró libre de minería.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) dio a conocer que ese fue el resultado del trabajo de resistencia que hicieron los pueblos organizados desde 2014, quienes señalaron diversos daños por las concesiones de dos mineras filiales de la empresa canadiense Almaden Minerals.
Otro caso, y el más reciente, se dio en contra de la mina de piedra, propiedad de Marco Antonio Natale Gutiérrez, diputado federal por el Partido Verde Ecologista, quien por los trabajos de explotación está dañando la zona arqueológica en el cerro de Teopanzolco, en el municipio de Huauchinango.
Los pobladores pidieron que se lleven a cabo las investigaciones y finquen responsabilidades ya que la mina se encuentra en el cerro de Teopanzolco, dentro del Área Natural Protegida de la cuenca hidrológica del río Necaxa, la cual fue declarada así por decreto desde 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con especialistas, actualmente Puebla cuenta con cuatro minas en construcción y los impactos negativos van desde la contaminación del suelo, agua y aire, así como afectaciones en la producción de miel, establos lecheros, granjas acuícolas y la crianza de cabras.
Las minas en territorio poblano están ubicadas en las localidades de Francisco Z. Mena, con una ocupación de 6 mil 928 hectáreas; Jalpan, con 787.59 hectáreas; Pantepec, con 2 mil 772 hectáreas; y Venustiano Carranza, con 7 mil 250.80 hectáreas, siendo este último municipio donde se presenta la mayor explotación.
El próximo 19 de enero de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará, por primera vez, si la Ley Minera viola los derechos de los pueblos indígenas y de los ejidos.
