Un presunto violador que habría embarazado a su hijastra y sustraído a tres menores de edad, con la intención de explotarlas sexualmente, salió en libertad por orden del juez de control en turno del Centro de Justicia de Huachinango.
Lo que está en duda, en este momento, es a quién se le asignará la patria potestad de los menores que, al momento, se encuentran bajo custodia del Sistema Estatal DIF.
La audiencia en la que se determinó la libertad de Ramón N. estuvo a cargo del juez Lucio León Mata y tuvo lugar la noche del jueves 18 de agosto, en medio de un clima social de polémica e incertidumbre que contó con amplia difusión en redes sociales por parte tanto de comunicadores como de feministas.
La audiencia, hasta donde trascendió inició de manera irregular, sin la presencia de la defensa legal acusadora ni de la denunciante, Miriam Vázquez, quien se enteró de su realización cuando ya había iniciado.
De acuerdo con los abogados de Miriam, a pesar de que existe un hijo procreado por el abuso sexual de su hijastra y denuncias previas presentadas ante el ministerio público, el juez determinó que no existían pruebas suficientes para vincular a proceso al indiciado.
El caso inició en marzo de 2022 cuando Miriam denunció ante el ministerio público de Huauchinango, a Ramón N. por la violación de su hija Andrea.
Y el tema se complicó a los pocos días cuando el sujeto, tras el nacimiento del hijo de Andrea, tomó a sus hijastras Andrea y Ximena y al recién nacido, para huir de Puebla.
Finalmente Ramón N fue detenido y las menores fueron entregadas en custodia al DIF Estatal.
Al término de la audiencia donde quedó en libertad el presunto responsable, el juzgador dejó entrever la posibilidad de que Ramón pudiera obtener la patria potestad de los menores, puesto que no había impedimento legal para ello.
El Sistema Estatal DIF de Puebla mantiene el resguardo de las hijas de Miriam, quienes permanecen bajo su tutela y estableció que “una vez realizado el debido procedimiento de investigación, se procederá a la restitución de las menores de edad, a fin de garantizar su integridad y derechos”.