Hace un año, el 5 de noviembre de 2020, el Senado aprobó la llamada Ley Olimpia, para reconocer y sancionar el ciberacoso y la violación a la intimidad.
Este viernes se cumple el primer aniversario de la iniciativa impulsada por la activista poblana Olimpia Coral Melo, quien sufrió una serie de vejaciones después de que su ex novio difundió en redes sociales y WhatsApp un video sexual que ambos grabaron.
Académicos y especialistas dijeron a El Universal Puebla que esta ley representó un avance al visibilizar la problemática que viven principalmente las mujeres jóvenes, pero consideraron que se debe avanzar más en la prevención y en la ampliación de otras prácticas relacionadas con la violencia digital.
Ana Laura Gamboa Muñoz, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana, consideró que el mayor logro es contar con un marco legal, pero falta un cambio cultural.
Desde su perspectiva falta atender causas estructurales de la violencia de género, difundir qué es la violencia sexual, capacitar a los responsables de impartir la justicia, socializar la ley desde el Estado y los medios de información, así como abordar el consentimiento en las relaciones de pareja.
"Tiene que ir de la mano. Un cambio de cultura por sí solo no va a suceder si no hay cambios legislativos, pero a la vez, mientras haya cambios legislativos no necesariamente van a impactar en cambios de una cultura, de una mentalidad que finalmente fue violentando a las mujeres", expuso.
El observatorio ha hecho solicitudes de información que reflejan que desde el 2019 –cuando en Puebla ya se sancionaba la violencia digital en el Código Penal estatal- hasta abril de 2021, se abrieron 269 investigaciones por el delito de violación a la intimidad sexual contra las mujeres.
Según Gamboa Muñoz, en un primer análisis de los casos se observa que la mayor parte de víctimas son mujeres de 18 a 26 años.
Con estos datos advirtió que la prevención podría iniciar con el trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en bachilleres y universidades, así como con la Secretaría de Gobernación al revisar contenidos de medios de información.
Samantha Páez Guzmán, directora de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, indicó que el mayor aporte a un año de distancia es que la ciudadanía ya reconoce la Ley Olimpia.
"No saben quizá exactamente qué es o exactamente cómo se aplica en el estado, pero saben que existe, entonces pienso que ese ha sido el principal aporte", comentó.
Sin embargo, consideró que hay dos grandes pendientes: hacer que las reformas sean operativas y que se consideren otros tipos de violencia digital que por ahora son excluidos en Puebla y a nivel federal.
Recalcó que es necesario que organizaciones educativas, empresas y los gobiernos cuenten con mecanismos de prevención y denuncia.
Abundó que se deben considerar otras prácticas de violencia digital como la que se ejerce al limitar a una víctima para que no acceda a plataformas educativas y laborales como una forma de control, situación que creció con la pandemia.
La segunda es el acceso de un violentador a las plataformas digitales de una víctima sin su consentimiento, aún cuando no exista una amenaza.
"Alguien entra a tus dispositivos o a tus cuentas sin tu autorización, te roba información o quizás envía mensajes o alguna cosa, no entra ni en ciberacoso ni en difusión de contenido, pero sí es una violencia que tú estás viviendo", explicó.
Desde el 2020 a la fecha, desde el Consejo Ciudadano han asesorado a 45 poblanas víctimas de la ciberviolencia.
En cuanto al acceso a la justicia, Páez Guzmán destacó que existen mecanismos conciliatorios, donde las víctimas pueden solicitar una disculpa, procesos de reeducación para violentadores y reparaciones económicas para pagar tratamientos psicológicos o afectaciones laborales.
Comentó que por ahora sólo han conocido el caso de una víctima que llegó a esta etapa de conciliación, aunque no descartó que existan más.
La activista destacó que las sanciones de tipo penal se tendrían que continuar en casos de violencia repetitiva o cuando existan otras circunstancias relacionadas con la trata de personas.