La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad más contra reformas hechas por el Congreso local. En esta ocasión, por no considerar a los menores de edad en la denominada Ley Agnes, que reconoce el derecho a la identidad de género.
De acuerdo con el organismo presidido por María del Rosario Piedra Ibarra, la reciente reforma al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en el que se reconoce el levantamiento de nuevas actas de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, afectó derechos al limitarse a personas mayores de 18 años.
Entre ellos, el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal, a la identidad sexual, a la identidad de género, a la propia imagen, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como el principio de interés superior de la infancia.
Por otro lado, señala contradicciones con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Según el documento, no existe justificación constitucional para que se haya impuesto una limitante en razón de edad para acceder al procedimiento y se vulnera el derecho a los menores de edad a la identidad, al ser el género un elemento constitutivo.
De esta manera, la actual Legislatura local, de mayoría morenista, ha sobresalido por violar los derechos humanos en sus iniciativas de acuerdo con la CNDH, pues concentra 17 de los 18 procedimientos de acción de constitucionalidad emitidos desde que este organismo obtuvo esas facultades en el 2006.
En otras reformas impugnadas se ha señalado a los diputados poblanos por limitar la educación, discriminar a diferentes grupos, aprobar cobros indebidos a la ciudadanía y asumir facultades que no tienen.
En vísperas de difundirse esta nueva acción de inconstitucionalidad contra la Ley Agnes, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón a la CNDH por una impugnación del año pasado contra artículos de la Ley de Educación del Estado de Puebla, cuya reforma se aprobó sin consultar a pueblos indígenas y afroamericanos, así como a personas con discapacidad.
