El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) a nivel mundial ha llevado a plantear la obligación de legislar en torno a su uso y aplicación. Y México no podía estar al margen de esa tendencia.
De hecho, el 27 de mayo de 2023, se realizó el primer planteamiento en el Legislativo federal.
El diputado panista Ignacio Loyola Vera presentó el primer proyecto para crear la Ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica.
La ley establecería el marco legal para el empleo y desarrollo de la IA en México.
El propósito de la ley es generar un marco regulatorio que determine las mejores prácticas y evite usos abusivos de la IA.
En síntesis, “regular y normar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la robótica en su uso con fines gubernamentales, económicos, comerciales, administrativos, comunicacionales y financieros, para que su uso sea siempre basado en apego a la ética y en apego a derecho”.
La iniciativa contempla la creación del Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y Robótica (Cmetiar).
El Cmetiar estaría integrado por un representante del Poder Ejecutivo, así como por miembros del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Congreso de la República, civiles y representantes de la iniciativa privada relacionados con el sector.
El funcionamiento del Cmetiar estaría enfocado a ser una plataforma para que investigadores, analistas y expertos en tecnología desarrollen normas oficiales mexicanas para fomentar el desarrollo ético de la industria de la IA en México.
La legislación propuesta consta de 19 artículos distribuidos en tres capítulos: I Disposiciones Generales; II Del Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica; III De la Ética en el Desarrollo, Creación y Uso de la Inteligencia Artificial y la Robótica en los Estados Unidos Mexicanos; así como dos artículos transitorios.
Estos son, a grandes rasgos, los elementos fundamentales de la iniciativa presentada por el diputado Ignacio Loyola, que debido al interés general que hay por regular la IA, avanzará y se fortalecerá.
De cualquier forma, el tema está sobre la mesa y México, ya sea con esta iniciativa o cualquier otra, terminará por contar con una ley que regule el desarrollo, uso y aplicación de la IA.
Incluso no hay que olvidar que en su momento puede hacerse necesario modificar la Constitución para dar cabida a la normatividad en la materia.
¿Cómo se aplicaría en Puebla la regulación de la IA?
Como sucede con el resto de las leyes que regulan el ámbito nacional, en el plano estatal el Legislativo poblano tendría que crear una ley en el ámbito de su competencia, así como en coordinación con el Ejecutivo estatal, contemplar la necesidad de crear un organismo estatal de regulación similar al que opere en el plano nacional.
En este sentido, se trataría de un trabajo de armonización de las normas, como el que se ha llevado a cabo en el pasado en ámbitos como el de los Derechos Humanos y la Transparencia.
Panorama Internacional sobre la IA
México se suma a la carrera para regular el uso de la IA, pero en el plano global se han presentado algunos avances.
El 21 de abril de 2021, la Comisión Europea propuso la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act).
Con ello se dotaría a la Unión Europea (UE) de un marco normativo y jurídico común para controlar la utilización de la IA en esa región.
Pero, aunque se ha avanzado, no se ha logrado un consenso general, que culmine con la emisión y aplicación de la ley, por lo que el debate sigue en curso.
En términos generales, la ley plantea clasificar los sistemas en cuatro niveles de riesgo que van de mínimo a inaceptable.
Se busca evitar cualquier amenaza de la IA para la salud y la seguridad de las personas, además de proteger los derechos y valores fundamentales.
Las prohibiciones que se han establecido al momento buscan “evitar una sociedad controlada basada en la IA”.
Se espera que los legisladores de la UE voten el borrador de la ley en una sesión plenaria a realizarse a mediados de junio.
Tras ello pasaría a negociaciones a tres bandas con los 27 estados miembros, el Parlamento y la Comisión Europea.
La aprobación se calcula que tendría lugar a principios de 2024 y habría un periodo de aproximadamente dos años para que compañías y organizaciones se adapten a la norma.
Así las cosas, en México, aunque ya se dio un paso, vamos tarde.
