Las denuncias sobre actos discriminatorios son una constante, sobre todo ahora que se ventilan los casos en redes sociales.
En Puebla, la discriminación se legisló desde hace una década y sus sanciones se han endurecido en los últimos meses.
Además de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, estas prácticas se sancionan en el Código Penal del estado, con penas que van desde un año y hasta tres años de prisión, así como multas.
En junio de este 2022, la actual legislatura aprobó dos iniciativas que sancionan con cárcel dos prácticas discriminatorias.
Una de ellas reforma el artículo 357 del Código Penal y establece una pena de uno y hasta tres años de prisión a quien discrimine a mujeres embarazadas en cualquier ámbito de la vida, incluyendo el educativo y laboral.
También aprobaron la misma sanción a quienes pongan en práctica las terapias de conversión para personas que integran la comunidad de la diversidad sexual.
En noviembre del 2013 el Congreso aprobó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, mientras que las siguientes legislaturas hicieron adecuaciones conforme a las reformas a nivel federal.
De manera general, el texto señala que tiene como objetivo prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, establecer principios y criterios para orientar políticas públicas, coadyuvar a eliminar las circunstancias sociales que la propician, fijar la aplicación de medidas y establecer mecanismos de seguimiento.
Asimismo, en apego a lo que señala la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que hay al menos 34, formas de discriminación.
Las mismas están relacionadas con el acceso a la educación, las condiciones de las personas con alguna discapacidad, prohibiciones relacionadas con el empleo, la información sobre los derechos sexuales, el acceso a los tratamientos médicos y la participación en asociaciones civiles y políticas.
También se menciona el derecho a la propiedad y administración de bienes, el acceso a la justicia, la elección de pareja, la prohibición a la promoción del odio, la asistencia religiosa, la seguridad social, la alimentación y las condiciones de las personas en reclusión, entre otras.