En el 2021, al menos cinco jueces están en el ojo del huracán, pues han sido señalados de liberar a delincuentes pese a tener las pruebas que los incriminan.
Uno de los hechos más recientes ocurrió el 23 de junio, fecha en la que Patricia Hernández presentó una queja contra el juez de control Aarón Hernández Chino ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
La mujer denunció que su nieta, de 4 años de edad, fue violada por su abuelo y éste fue encubierto por el papá de la menor. Pese a que el dictamen médico lo evidenció, ambos fueron liberados por ese juez. Hasta el momento, la queja no se ha resuelto y el caso sigue impune.
El 11 de mayo del 2021, Gloria Trinidad, alias “La Doña” o “La Tía”, principal operadora de la banda de “La Patrona”, y su hijo Jesús, alias “El Loco o “El Paquito”, quedaron en libertad tras permanecer únicamente seis días tras las rejas.
Ambos fueron acusados de delitos contra la salud y cuando fueron detenidos, estaban en posesión de 497 envoltorios de estupefacientes. Además de que “El Loco”, presuntamente estaría relacionado en un homicidio registrado en julio del 2018, en inmediaciones de la plaza comercial El Campanario, según las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
La decisión de su liberación la tomó un juez de control, de quien el Tribunal Superior de Justicia no proporcionó su identidad aunque lo solicitó El Universal Puebla.
El 14 de mayo del 2021, el juez de control Álvaro Sarmiento Márquez liberó a Fabiola Judith, alias “La Fabiola”, supuesta líder narcomenudista de la ciudad de Puebla.
Al momento de su aprehensión le fueron encontrados 279 paquetes de cristal, heroína y marihuana y según las pruebas de los ministeriales, ella opera una banda en la Unidad Habitacional de “La Margarita”, desde donde distribuye la droga a ocho operadores más.
Pese a ello, la autoridad judicial determinó que podía seguir el proceso penal en su contra fuera del penal de San Miguel.
El 22 de mayo del 2021 fue capturado un peligroso delincuente: Alfredo T.G. alias “El Lápiz”. A este hombre se le identificó como el principal operador de “El Chupón”, líder narcomenudista del Mercado Unión y se sabe que pagaba a policías municipales por la protección de su jefe.
Pero ocho días después, el 30 de mayo, fue liberado por supuestas inconsistencias en la carpeta de investigación.
Al día siguiente de que se diera a conocer su liberación, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que no se quedaría de brazos cruzados y calificó de inaceptable la decisión del juez de control que estaba a cargo de este caso y de quien tampoco se sabe su identidad.
“Esto no lo voy a dejar pasar, voy a ir al Consejo de la Judicatura Federal porque lo que está ocurriendo es inaceptable, en la liberación de delincuentes”, expresó.
Pese a la advertencia, apenas el 15 de julio nuevamente ocurrió una liberación inesperada. Un juez dejó salir de prisión preventiva a Germán Alonso, de 33 años de edad, acusado de herir a su prima y a su sobrino con un cúter, tras una discusión por los documentos de una vivienda.
Los familiares de Silvia Gabriela Alonso y de su hijo Azael, de 2 años de edad, exigen a la Fiscalía General del Estado (FGE) que el caso no quede impune.
Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla, consideró que la corrupción de los jueces obedece, en primera instancia, a una cultura de impunidad que impera en México, donde no funciona el sistema de castigo para los funcionarios públicos que incurren en alguna falta.
“Hay una cultura muy arraigada en México que incentiva la corrupción y que tiene que ver con la impunidad que prevalece en muchos ámbitos particularmente cuando es cometida por servidores públicos. Actualmente las estructuras que tenemos de combate a la corrupción, de rendición de cuentas, de sanción de este tipo de conductas no funcionan adecuadamente”, explicó.
Simón Hernández aseguró que no hay castigos ejemplares para que las autoridades dejen de cometer este tipo de actos fuera de la ley.
“Hemos pasado por una reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, recientemente también una reforma de gran calado del Poder Judicial de la Federación, pero estas reformas todavía no generan resultados en términos de establecer sanciones ejemplares para aquellas autoridades, en este caso, jueces y juezas que incurran en actos de corrupción”, consideró.
El académico indicó que “hay un aliciente de naturaleza económica que posibilita incidir negativamente o influir en la imparcialidad judicial y el otro componente es la impunidad”.
Consideró que debería haber observadores, independientes del poder Ejecutivo, que vigilen las prácticas de los jueces para tener la certeza de que sean castigados cuando el caso lo amerite.
“Debe haber un mecanismo y un organismo que sea independiente, que le brinde ciertas garantías a todas las personas que son sometidas a un proceso disciplinario, pero que concluya con una resolución ejemplar. Hoy día no tenemos eso, tenemos estructuras en los consejos de la Judicatura que no son funcionales, tenemos visitadurías que tampoco son funcionales, tenemos procedimientos de denuncia que no necesariamente se siguen y, cuando llegamos a tener un caso representativo, no tenemos sanciones”, explicó.
Aseguró que el mismo Poder Judicial tiene que encargarse de las sanciones y no el gobierno en turno para evitar persecuciones políticas.
“Debe ser el propio Poder Judicial. Lo que ha dicho el Relator de Independencia de Jueces y Magistrados de Naciones Unidas es que estos procedimientos deben ser encabezados por una autoridad independiente e imparcial, no del poder Ejecutivo, sino por otro órgano de la Judicatura, pero que estos órganos sí tengan capacidad de decisión y de sanción”, abundó Hernández León.
“Eso es importante tenerlo porque la otra cara de la moneda es evitar que se persiga indebidamente a los jueces o que haya decisiones políticas que afecten la imparcialidad judicial”, destacó el especialista de la Ibero Puebla.