Aunque la ley prevé que los tres comisionados en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIPUE) deban durar en el cargo hasta seis años, a la actual legislatura le ha tocado enfrentar constantes cambios.
En solo 15 meses desde que inició la legislatura han realizado el proceso de cuatro designaciones debido a renuncias, enroques a otras áreas del servicio público y la culminación de periodos.
Es el Congreso de Puebla el único facultado para hacer estas designaciones.
Entre el lanzamiento de la convocatoria, la recepción de los requisitos, las comparecencias y la votación en comisión y en el pleno, cada proceso dura más de un mes.
A eso se suma que en una de las designaciones, el proceso tuvo que realizarse en dos ocasiones, pues la primera la terna que llegó al pleno no obtuvo los votos necesarios y debió repetirse.
Casi al inicio de la legislatura los diputados debieron gestionar dos designaciones, pues Gabriela Sierra Palacios renunció al cargo en febrero de 2021 y Marcela Carcaño Ruiz culminó su periodo.
Así, a mediados de diciembre de 2021 eligieron Harumi Fernanda Carranza Magallanes para terminar el periodo de Sierra Palacios que concluiría el 5 de enero de 2023 y a Claudette Hanan Zehenny para el periodo completo del 6 de enero del 2022 al 5 de enero del 2028.
Sin embargo, en las primeras semanas de 2022 la recién nombrada Hanan Zehenny dejó el cargo, pues fue propuesta y electa como nueva magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa y se abrió una nueva vacante.
Fue este proceso el que tuvo una votación fallida que implicó la repetición y los diputados eligieron finalmente a Rita Elena Balderas Huesca hasta mediados de julio para que culmine el cargo en 2028.
La cuarta designación desde el Congreso ocurrió entre octubre y diciembre de 2022, pues Carranza Magallanes dejará el cargo en los primeros días de enero de 2023.
Así, el 8 de diciembre se optó por designar a Noemi León Islas, quien se prevé esté en el Itaipue hasta 2029.
Además de todos estos cambios, los procesos de designaciones de comisionados de transparencia en el Congreso del estado han recibido críticas de académicos y especialistas por la falta de acceso a la ciudadanía y la academia a la toma de decisiones
La Universidad Iberoamericana Puebla y organizaciones que trabajan en materia de transparencia han señalado que, aunque la ley lo prevé, no se abre la discusión y análisis de propuestas a otros actores.
