Protestas como la del viernes 8 de junio en la que pobladores de Santa Rita Tlahuapan bloquearon por casi 10 horas la autopista México-Puebla en demanda de la liberación de dos personas, son comunes y también sancionables por ley desde 2021.
A finales de ese año, el Congreso de la Unión y el Senado aprobaron reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar ese delito.
Esto, al imponer siete años de prisión y hasta 500 veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA), equivalente en 2023 a 51 mil 870 pesos.
Las reformas que se aprobaron hace ya casi dos años y que sancionan los cierres obedecieron a un fenómeno delictivo que se presentó durante 2020 en varias carreteras del país.
El mismo no está relacionado con las protestas sociales que muchas veces son pretexto de estos cierres carreteros, aunque sí se relacionan.
De origen buscaron frenar el boteo en las casetas que en 2020 generó pérdidas por 4.1 millones de pesos.
Según la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), en promedio se registró la toma de 10 casetas diarias.
Los promotores de la reforma sostienen que en estas acciones de recolección de dinero ya no solo participaban organizaciones sociales que juntaban fondos para sus actividades, sino grupos delictivos organizados.
Aunque la reforma estuvo pensada de origen para quienes toman las casetas, las sanciones aplican de manera general a quienes interrumpan la prestación del servicio, operación o deterioro de las vías generales de comunicación o los medios de transporte.