El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció que el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido obtuvo una nulidad de fondo dictada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en torno al litigio que mantenía con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Fue Jonathan Ávalos Meléndez, consejero jurídico del gobierno de Puebla, quien explicó que en el 2019 el gobierno del estado obtuvo una nulidad lisa y llana en contra de la determinación que finca el crédito, pero el propio SAT promovió un recurso de revisión fiscal en contra de esa resolución.
En conferencia de prensa informó que un tribunal colegiado en materia administrativa revocó esa resolución que determinaba la nulidad lisa y llana.
Después de esa resolución, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una nueva determinación en cumplimiento al fallo del tribunal colegiado, la cual no fue a favor del gobierno del estado.
En contra de esa determinación, la procuraduría fiscal interpuso un amparo directo como última instancia en el juicio, pero se confirmó el fallo de la Sala Superior del Tribunal, por lo que el 5 de abril del presente año el gobierno del estado pagó 2 mil 600 millones de pesos.
“Se puede decir que los abogados del estado, tanto del interinato como de este gobierno, agotaron todas las estancias jurídicas hasta el resultado que todos conocemos”, dijo el consejero jurídico del gobierno del estado.
Al respecto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina añadió que en este tema se habían agotado todas las instancias, pero además el punto no era si se ganaba o se perdía, se estaba defendiendo un caso.
Resaltó que el origen de todo esto está en haber contratado a una empresa asesora que en su momento propuso al estado “el poder evadir ese tipo de impuestos, no pagarlos. En su momento les vendió una fórmula maravillosa y el estado decidió dejar de pagar impuestos. Lo que hizo la Secretaría de Hacienda fue demostrar que ese gobierno nunca tuvo la razón y lo que estuvo haciendo fue una acumulación de deuda”.
El gobernador de Puebla insistió en que el gobierno del interinato hasta el de Miguel Barbosa se buscó la manera de tratar de contender este litigio y no se llegara a un tema de impacto.
“Más allá de si peleábamos o no peleábamos, estábamos defendiendo lo que nos estaban imputando a nosotros, asumiendo que nosotros no habíamos generado ese tema. Acuérdense que no son las personas, sino el estado el que responde por las acciones de gobierno”, concluyó.
Cabe recordar que en el gobierno de Rafael Moreno Valle se contrató al despacho de asesoría fiscal Sistemas LAC, el cual recomendó pedir al SAT la devolución de impuestos correspondientes al 2009 y al 2010.
La suma de esas dos devoluciones fue en el 2016 por el orden de 702 millones de pesos, del cual se le pagó un porcentaje al despacho de asesores.
Sin embargo, en el 2017 el SAT señaló que la devolución fue incorrecta porque fue sustentada en una disposición retroactiva del 2008, pero el gobierno del estado de Puebla se adhirió a las disposiciones fiscales en el 2011.
Al no tener el gobierno del estado de Puebla la legalidad, el SAT lo tomó como un acto de dolo ante la autoridad y lo determinó como un crédito fiscal, el cual se tenía que pagar o litigar.
En ese entonces, el gobierno estatal determinó litigar, proceso que se llevó desde 2018 hasta 2023 y que generó un adeudo de 2 mil 700 millones de pesos, pero con la quita de 100 millones, el gobierno del estado tuvo que pagar 2 mil 600 millones de pesos.
